Lesiones morales por caso de la Caja de Ahorros
La fiscalía no demostró que había una lesión al patrimonio del Estado, el cual no fue vulnerado, sustentó la jueza Vilma Urieta.
Riccardo Francolini fue uno de los principales afectados. Foto: Panamá América
Diversos sectores de la sociedad realizaron fuertes cuestionamientos sobre el manejo que tuvo el Ministerio Público (MP) en el caso de las 22 personas acusadas de supuesto peculado en perjuicio del banco estatal Caja de Ahorros (CA), entre ellos, el empresario Riccardo Francolini.
Caso que recibió el sobreseimiento definitivo de parte de la jueza Vilma Urieta, al sustentar que "la fiscalía no demostró que había una lesión al patrimonio del Estado, el cual no fue vulnerado".
Por ello, se ordenó que se levanten las medidas cautelares por este caso a los implicados, así como la devolución de todos los objetos incautados relacionados a la causa, de acuerdo con un comunicado del Órgano Judicial.
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"Hay que ser muy desalmada e incapaz, para apelar este caso donde la juez, demostró la absoluta incapacidad de la fiscal. La justicia selectiva continúa", expresó el analista político Juan Carlos Tapia.
Esto, después que la fiscalía anunciara que apelaría la decisión dictada por la jueza Vilma Urieta, juez decimocuarta penal de Panamá.
Una de las pruebas de mayor peso en el caso de la Caja de Ahorros fue la declaración jurada de los auditores internos del banco, quienes se ratificaron y afirmaron del informe de auditoría preliminar, en el cual no determinaron ningún perjuicio económico para la Caja de Ahorros.
"Ya ven, no me equivoqué. Si el préstamo se pagó, no hubo lesión ni estafa. Sin embargo, mantuvieron al gerente preso por largo rato", reiteró Ebrahim Asvat, abogado y analista político.
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La lesión moral que recibieron los involucrados en el caso, es una de las situaciones más criticadas.
"Injustamente y deliberadamente ensuciaron el nombre y prestigio personal de Jayson Pastor. Pese a que la Caja de Ahorros y la Superintendencia de Bancos reiteraron en varias ocasiones que no existió lesión patrimonial ni irregularidades en los trámites, ¿quién repara los daños?", recalcó Luis Eduardo Camacho, figura del partido Cambio Democrático.
"En el caso de la CA no cabía delito patrimonial. Sus fondos provienen de operaciones privadas. El préstamo se pagó a capital e intereses. Pero la fiscal insistió con el caso hasta que lo perdió", expresó el sociólogo César Brandao.
"Qué maldad el calvario que le han hecho pasar a tantas personas, un préstamo pagado en su totalidad con ganancias para la Caja de Ahorros", fue la reacción de Candice Williams, abogada local.