Pinchazos: la DEA, la CIA Y la 'obsesión' de Alfaro

El control por el programa de escuchas telefónicas “Matador”, supervisado por la Agencia Antidrogas de los EE.

UU.

(DEA, por su sigla en inglés), no solo enfrentó a la Embajada de los Estados Unidos con el presidente Ricardo Martinelli, sino que abrió la puerta a nuevas tácticas de “espionaje político” telefónico.

En los cables entregados por Wikileaks a Panamá Américase reveló que Washington conocía de que Martinelli y sus “subordinados” emplearon supuestamente una variedad de tácticas que iban desde “simples pedidos” a “amenazas intimidatorias”, para poder utilizar el sistema de escuchas telefónicas.

Al percatarse Martinelli de que no tendría el control de “Matador”, según un cable fechado el 16 de septiembre de 2009, le confesó a la ex embajadora Barbara Stephenson que ya no necesitaba de la ayuda de los Estados Unidos para “espiar a sus enemigos”, porque él podía hacerlo a través de otras fuentes que no especificó.

Según Stephenson, Martinelli había empezado por reemplazar al director del Consejo de Seguridad -en ese momento Jaime Trujillo(ver recuadro)- y despedir a 25 funcionarios de esa oficina por sus nexos con la administración del ex presidente Martín Torrijos.

La diplomática informó en un cable, que entre las amenazas hechas supuestamente por Martinelli estaba el que no daría más apoyo económico al programa.

Por su parte, el nuevo jefe del Consejo de Seguridad, Olmedo Alfaro, dijo -según el cable- que tenía la autorización para expulsar a la DEA y restringir el pago a las unidades policiales que realizaban las escuchas.

La DEA paga a policías panameños por realizar escuchas telefónicas.

No cualquier policía puede formar parte de la Unidad de Investigaciones Sensitivas, sino aquellos que escoja la DEA y que se sometan, entre otras cosas, al detector de mentiras.

Esta reglamentación trajo discrepancias entre la DEA y Alfaro, según el cable.

Alfaro prefirió no dar declaraciones al momento de ser contactado por este diario.

La Embajada estadounidense alertó de que si el programa de escuchas se mantenía en el Consejo de Seguridad, el Gobierno panameño continuaría con sus “esfuerzos de cambiar los procedimientos para debilitar los controles judiciales del programa”.

Stephenson reportó a sus superiores que Estados Unidos “no debía ser partícipe de actividades cuestionables que comprometieran los valores democráticos” y puso como ejemplo el escándalo de escuchas telefónicas en Colombia.

Para los Estados Unidos, Alfaro estaba “completamente obsesionado por mantener el control” del programa de escuchas.

La diplomática narró varios incidentes con Alfaro, entre ellos que el ex secretario expresó a miembros de la DEA y de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés), que “no me importa la DEA, porque la CIA me dará todo lo que necesito”.

Esta posición, para Stephenson, dejaba en evidencia que Alfaro “sabía” que no podía usar el programa “Matador” para “espionaje político”.

 Otro de los roces entre Estados Unidos y Panamá se dio -según un cable-, cuando Alfaro intentó incorporar a un policía de confianza perteneciente a la Dirección de Investigación Judicial en el programa Matador “sin autorización” de los Estados Unidos.

Según Stephenson, esta maniobra se hizo porque el Gobierno ya no estaba “preocupado por encontrar la basura de otros, sino para protegerse a sí mismo”.

Esto sucedió luego de que Alfaro pidió a la DEA “llegar a un acuerdo”, el cual consistía en que él supervisaría la oficina de escuchas mediante la entrega de una tarjeta de acceso exclusiva, lo que fue rechazado.

“Al pedir renegociar el acuerdo sobre Matador y ubicar oficiales no chequeados, el gobierno de Panamá puede estar tratando de hacer un seguimiento de las actividades de la DEA para protegerse de quedar atrapado en una investigación de Estados Unidos”, dijo la ex diplomática.

En ese cable, redactado en octubre de 2009, nuevamente se advierte, pero sin mencionar nombres, que “hay miembros del Gobierno con presuntos vínculos con el tráfico de drogas, y no hay razón para creer que habrá menos actos de corrupción en este Gobierno que en el anterior”.

Ante esta situación, la sede diplomática tomó la decisión “irrevocable” de mover el programa a la Procuraduría General, donde también tendría control.

Stephenson reportó a Washington que informó de este traslado al vicepresidente y canciller, Juan Carlos Varela, quien dijo haber notificado a Alfaro; al ministro de Seguridad, José Raúl Mulino y que pronto “avisaría a Martinelli”.

Finalmente, este traslado no se realizó.