¿El Tribunal Electoral...?

Cuando el 8 de diciembre pasado los tres magistrados declararon que mi precandidatura para las primarias del Partido Renovación Civilista había sido rechazada ilegalmente, en abierta violación del artículo 96 del Código Electoral, me pareció que el derecho y la democracia, más que yo, habían logrado una victoria modesta, pero importante.

Pero cuando los mismos tres magistrados se tardaron 20 días para proferir formalmente el fallo, lo que ocurrió apenas el 28 de diciembre, comencé a tener serias dudas sobre lo que se podía esperar para más adelante.

Cuando en el acta de la audiencia celebrada el 8 de diciembre, los magistrados confirmaron, dándome la razón, que los partidos no pueden limitar la participación de sus miembros en las elecciones primarias, pero que, como es de lógica elemental, sí pueden condicionar la participación en las mismas de quienes no lo sean, me pareció que había logrado un paso importante en mi batalla para detener la conspiración montada por su cúpula, para entregarle el Partido Renovación Civilista al perdedor de las primarias del Partido Arnulfista.

Esto, porque la cúpula dirigente del Partido Renovación Civilista, en su afán desbocado de obstaculizar mi postulación, se había preocupado de condicionar la participación en las primarias a dos requisitos que terminaron por ser aplicables sólo al perdedor de las primarias del Partido Arnulfista, que eran:1.

) Haber presentado 1,000 firmas de personas inscritas en el partido, de las cuales, 50, como mínimo, debían corresponder a cada una de las provincias electorales, certificadas por el Tribunal Electoral.

2.

) Haber presentado una constancia escrita de haber sido autorizado por el Directorio Nacional, para participar en las primarias.

Se les olvidó que el Directorio del 26 de septiembre de 1998 nunca aprobó tal autorización.

Pero cuando en el fallo proferido el 28 de diciembre, los magistrados decidieron, sin diferenciar en cuanto a su aplicación a miembros y no miembros, que los requisitos adicionales eran nulos, nuevamente retornaron las dudas sobre lo que se podría esperar para más adelante.

Luego de notificarme de ese fallo, presenté una solicitud de aclaración que aún está pendiente de decisión.

Al cierre del período de las postulaciones, el pasado 6 de noviembre de 1998, la cúpula del partido anunció, con bombos y platillos, que el candidato derrotado en las elecciones primarias del Partido Arnulfista, había cumplido con todos y cada uno de los requisitos exigidos y que ratificaban el rechazo de mi candidatura, por no haberles presentado las famosas 1,000 firmas certificadas por el Tribunal Electoral.

Esos rimbombantes anuncios fueron hechos, a pesar de que ellos nunca verificaron la autenticidad de las firmas, pues nunca pudieron haber cotejado con el padrón de las personas inscritas en el partido, en un lapso de diez minutos, las supuestas 1,000 firmas presentadas para respaldar la postulación aceptada.

La autenticidad de esas 1,000 firmas solamente pudo haberlas garantizado la certificación del Tribunal Electoral, que nunca fue presentada.

Para escaparse de su propia trampa, la cúpula del Partido alegó que la certificación no era necesaria, sin importarles que ellos mismos, expresamente, la hubieran consignado en el Formulario de Postulación que debían firmar los aspirantes a participar en las primarias.

Como yo había solicitado al Tribunal Electoral que anulara la candidatura del perdedor de las primarias del Partido Arnulfista, porque no habían cumplido con los dos requisitos citados, y también que se mantuviera la suspensión de las primarias, el día 30 de diciembre de 1998, me entrevisté con el magistrado Allen, para insistir en que el Tribunal se pronunciara antes del 3 de enero, pues en esa fecha la cúpula del partido, de vuelta a las andadas, pretendía realizar las primarias sin importarles las impugnaciones pendientes.

Por eso, cuando ese magistrado me manifestó que se pronunciarían al día siguiente, nuevamente alenté esperanzas de que el derecho y la democracia prevalecerían.

Pero cuando el día 20 de diciembre leí en los medios de comunicación las declaraciones atribuidas al señor Allen, dadas poco después de mi visita a su despacho, anunciando que el Tribunal no se pronunciaría porque uno de sus integrantes estaba de viaje, pero que él no veía ninguna razón para que se suspendieran las primarias, todos mis temores anteriores se confirmaron.

Cualquiera de los miembros de un tribunal colegiado puede tomarse vacaciones o irse de viaje cuando le venga en ganas, pero para esos casos existen los suplentes.

Por tanto, la explicación atribuida al señor Allen es absolutamente absurda.

Pero, además, es todavía más absurdo que aparte de anunciar que no se pronunciarían sino hasta después de pasadas las elecciones primarias, ilegalmente empujadas para el 3 de enero, ese mismo magistrado haya hecho, según reportan los medios de comunicación, prejuzgamiento sobre un asunto sometido a su decisión.

Los jueces y magistrados tienen prohibido, por ley, adelantar opiniones sobre los asuntos sometidos a su decisión.

Fueron los hechos explicados, los que motivaron mi rechazo a la comedia electoral del pasado domingo y mi petición a los miembros del partido para que se abstuvieran de votar en las mismas.

Ahora le toca al Tribunal Electoral decidir.

Yo sólo espero que lo haga pronto y con respeto absoluto.