Inmoralidad política

Cuando se tiene alguna formación básica desde el inicio de la educación de las personas, se les enseña la distinción de los actos buenos y malos con las respectivas sanciones y premiaciones.

Ya cuando se alcanza un nivel de madurez, se sabe efectivamente las distinciones y variaciones de las conductas típicas y atípicas de las contravenciones a las normas de convivencia y el grado y alcance de la coercitividad de las penas o el sometimiento al escarnio público, las personas con carácter formado entienden y se someten a estas prerrogativas del orden público y privado bien enunciadas.

Los que se alejan de las mismas son la clase más desprestigiada de nuestra sociedad, que son los políticos y las instituciones, que por mandato de ley deben ser garantes y cumplidoras estrictas de sus funciones.

Pues bien, estamos ante la evidente complicidad de esta simbiosis que afecta los pilares básicos de la democracia funcional, como lo son la libertad, la justicia, dentro del contexto de los derechos humanos y partiendo de estos postulados se perfecciona un verdadero Estado de derecho.

Los gobernantes, desde hace 25 años juegan, engañan, timan a los ciudadanos decentes; que nuestro país es el modelo ideal de democracia, hay que ser muy iluso para creerles, ya las acciones las hemos visto y no logran enmendarlas con discursos de políticos salvadores que resultan ser reincidentes.

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La plataforma de la corrupción vino para establecerse, cimentarse y expandirse entre la clase privada y sus súbditos de los gobiernos.

Recientemente acompañamos al profesor Juan Jované a presentar una denuncia contra los candidatos a la presidencia de la República, por la libre postulación.

El profesor Juan Jované, el emblemático excandidato independiente de la campaña electoral pasada con todas las vicisitudes y maniobras políticas del cual fue víctima para que no corriera, luchó contra el sistema hasta lograr posicionarse para la misma.

Hoy día, el Tribunal Electoral, siendo la primera institución que organiza y avala las candidaturas por la libre postulación, anuncia el reparto del subsidio electoral a los 3 primeros candidatos a la presidencia de la República.

La consistencia de la denuncia se basa en la forma fraudulenta de cómo se inscribieron en las listas de los candidatos a personas fallecidas y menores de edad, el basamento jurídico se observa en el artículo 312, numeral 2 del Código Electoral vigente, que explica la responsabilidad que tienen los aspirantes a la primera magistratura del país, avalando con sus huellas dactilares los libros de recolección de firmas y la de sus activistas.

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En un país serio esta investigación detendría las malogradas candidaturas independientes, aunado a ello, el cambio de las reglas como establecer las "medias firmas" para acelerar la recolección de estas y el total del caudal de firmas que supera el padrón electoral actual, según el profesor Candelario Santana, catedrático de la Facultad de Derecho, ni el más conocido y estimado candidato hubiera recogido la abrumadora cantidad de firmas en tan corto tiempo, por lo difícil que resulta.

Lo cierto es que si el profesor Juan Jované estuviera corriendo, a estas alturas ya hubiera sido sacado de la contienda electoral y procesado él y todos los que de buena fe apostábamos por la nobleza de esta importante figura de la libre postulación.

Nuestra preocupación es que estas irregularidades se estén dando con la posible anuencia del Tribunal Electoral.

 ¡Acción!

Ciudadano independiente.