La ley y la noción de orden público e interés social

Estamos de acuerdo que todo cuanto haya significado entuertos o malos manejos en la pasada administración, debe ser corregido, siempre en el marco del respeto a la Constitución y a las leyes.

La actual administración ha empeñado su palabra y acción, en el sentido de gobernar con transparencia y de frente contra la corrupción, aspiración axial de la sociedad civil y del pueblo panameño.

Sin embargo, hay que tener cuidado con las antinomias políticas, porque por esa senda se comienza a perder legitimidad social y política.

En este contexto, hay que reconocer, que el señor presidente de la Asamblea de Diputados, se ha planteado construir una nueva imagen de la misma y está en el camino correcto, pero observo como contradicción, que por un lado lo que hace como positivo, encuentra su lado negativo en otras acciones, que son tan deplorables como las que se plantea purgar del hemiciclo legislativo.

Verbigracia, para un abogado novel, no tuvo ni pie ni cabeza eso de aprobar una resolución para levantar una suspensión ciudadana y la de hacer aprobar una ley, que se señala que es de interés social y orden público, que viene a constituir una espada de Damocles contra miles de empleados públicos.

En materia de ley, nuestro sistema contempla una norma brújula de hermenéutica, que señala que las leyes no tienen efecto retroactivo en perjuicio de derechos adquiridos.

En lo concerniente a los empleados públicos, como puede ser una ley de orden público e interés social, cuando se lleva por la banda, al fundamental derecho al trabajo.

La Corte Suprema de Justicia, en reiteradas ocasiones, ha señalado que estas nociones de orden público e interés social, es objetiva y no subjetiva, En varias ocasiones he señalado, que no había necesidad de legislar de esa manera, contra derecho, para entrar analizar irregularidades en la entrada de empleados público al sistema de carrera administrativa, al menos que las intenciones fueron despidos masivos.

El Lic, Ricardo Martinelli, debería cuidarse de embarcarse en este tipo de acciones de clientelismo político, que dejan un ambiente negativo.

Derecho tiene el nuevo gobierno, de revisar todo cuanto quiera revisar en materia de nombramientos y empleados de carrera administrativa y verificar si hubo irregularidades y en consecuencia subsanar los actos administrativos respectivos y ello no viola la ley ni la constitución.

En el actual gobierno, como en todos, siempre cuentan con abogados y buenos juristas, no pierdan las perspectivas en el sentido de entender, como en efecto lo saben una buena gobernabilidad no es contradictorio con una política de defensa del estado de derecho.