Teléfonos para todo el mundo

Los teléfonos, que hace algún tiempo eran un lujo para la gente pobre y accesibles sólo a ciertas clases sociales, son hoy una necesidad básica e indispensable para toda la población, a tal extremo que la comunicación telefónica se ha convertido en un derecho universal.

Hasta hace poco, sólo una empresa estaba autorizada para ofrecer el servicio telefónico.

Sin embargo, con motivo de la liberación de las comunicaciones, se abre el mercado a libre competencia y las empresas interesadas pueden ofrecer servicio de teléfonos a la población.

Esta libre competencia es saludable, porque permite que los clientes escojan la mejor oferta en calidad y precio.

Pero la misma tiene una limitación, y es que los nuevos operadores de servicio telefónico posiblemente sólo se interesarían en ofrecer el servicio de teléfono en los centros urbanos y principalmente en áreas y barrios rentables, donde los residentes y clientes comerciales pueden pagar el costo de un servicio eficiente.

¿Quiénes entonces estarían dispuestos a ofrecer servicio telefónico básico y barato en las barriadas de emergencia, en barrios populares, en áreas rurales, en áreas apartadas o aisladas? En las áreas pobres, los costos de la inversión, operación y mantenimiento de los sistemas telefónicos son altos y la capacidad de pago de los clientes es sumamente baja, lo que no hace rentable la operación.

Para tratar de resolver este problema y facilitar el derecho de toda la población (independientemente de dónde viva y su nivel socioeconómico) a comunicarse con el resto del país, se presentará próximamente un proyecto de ley de servicio telefónico universal.

222 En las áreas pobres, los costos de la inversión, operación y mantenimiento de los sistemas telefónicos son altos.

Desconozco el contenido del proyecto de ley, pero lo que sí sé es que su objetivo debe ser crear un fondo que proporcione los recursos para subsidiar las inversiones de las instalaciones necesarias para instalar teléfonos en hogares pobres y/o apartados, donde las familias paguen tarifas justas y razonables por un teléfono residencial.

Las áreas rentables deben subsidiar a las no rentables.

Este fondo también debería permitir subsidiar a los operadores que estarían interesados en instalar teléfonos públicos en áreas marginadas.

Así se podrían cubrir todos los rincones del país y la población que no tiene teléfono podría tener acceso a un teléfono público sin tener que recorrer grandes distancias.

Este mecanismo, aparte de reconocer el derecho que tienen todos los panameños de poderse comunicar, colaboraría con el desarrollo rural y ayudaría a las tareas de salud, educación y seguridad en áreas apartadas y aisladas.

También permitiría la integración de las pequeñas comunidades con los centros urbanos y con las autoridades a través de llamadas telefónicas a precios módicos.

Es deber del Estado evitar desequilibrios y discriminación con motivo de la liberación de las comunicaciones, permitiendo a toda la población, independientemente de su clase social, origen, lugar de residencia y nivel socioeconómico, ejercer el derecho a comunicarse en forma rápida y con tarifas razonables con el resto del país.

Este derecho a la comunicación permite además participar en la vida nacional, en la vida política y relacionarse con todos los procesos de cambio, trayendo como consecuencia mejoras en las condiciones de vida, trabajo, salud y educación.