Acodeco ha recaudado más de $592 mil en multas a empresas y comercios

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que entre enero y abril recaudó $592,401.47 en multas aplicadas a empresas y comercios que incumplieron las leyes de protección al consumidor.

La entidad aclaró que la mayoría de estas multas se depositan en el Tesoro Nacional. Sin embargo, las sanciones relacionadas con la Ley 6 de 1987 (beneficios para jubilados y pensionados) van al Fondo Especial de Jubilados y Pensionados (FEJUPEN), y las de la Ley 134 de 2013 (derechos de personas con discapacidad) se destinan en un 50% al Fondo Rotativo de Discapacidad.

Dentro del informe se reveló que la sede central de Acodeco lideró la recaudación con $300,026.72. Le siguieron las oficinas regionales de Veraguas ($71,849.75), Coclé ($69,963.00) y Bocas del Toro ($34,146.50). Otras provincias como Chiriquí, Los Santos, Herrera, Panamá Oeste, Colón y Panamá Este también aportaron cifras importantes.

Causando así un total de 540 sanciones aplicadas en primera instancia, por un monto de $219,554.00. La mayoría correspondió a la Ley 45 de 2007, con 493 sanciones que sumaron $160,954.00, lo que representa más del 73% del total.

Por otro lado, el resto de las multas se distribuyó entre otras leyes: la Ley 24 sobre historial de crédito (15 sanciones), la Ley 6 de jubilados y pensionados (15 sanciones), el control de precios (8 sanciones), la Ley 1 de bolsas reutilizables (5 sanciones), la Ley 134 de discapacidad (2 sanciones), la Ley 81 de tarjetas de crédito () y el Decreto Ejecutivo 17 sobre medicamentos (1 sanción).

En este contexto la  Acodeco recordó que, aunque es una entidad pública descentralizada con autonomía, los fondos recaudados no forman parte de su presupuesto. Todos los montos se transfieren al Tesoro Nacional o a los fondos especiales establecidos por ley.

De esta manera, el resultado refleja el trabajo de fiscalización de la institución y la importancia de que los agentes económicos cumplan con las normas, garantizando así la protección de los consumidores y la transparencia en el mercado panameño.