Aprueban en primer debate proyecto de plataformas digitales
La ley obligaría a los conductores de plataformas digitales a pertenecer a una prestataria de transporte público selectivo.
El proyecto de ley regularía las plataformas digitales de transporte. Foto: Archivo
La Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 986 que regularía las plataformas digitales en el servicio de taxis de lujo.
La ley obligaría a los conductores de plataformas digitales a pertenecer a una prestataria de transporte público selectivo.
Abel Beker, presidente de la comisión, explicó que las plataformas digitales tienen más de siete años de estar en el país y lo que se está buscando es que todos los sectores cumplan con las normas panameñas.
El diputado considera que el proyecto es justo para todos y que nadie debe evadir el pago de los impuestos.
Por su parte, el diputado Luis Ernesto Carles, manifestó que algunas prestatarias quieren seguir negando la oportunidad a que el transporte se modernice, de tal manera que sea el usuario el que elija el buen servicio.
En tanto, miembros del Sindicato de Conductores de Taxis Urbanos (Sicotaur), expresaron que es lamentable que se tomen estas decisiones arbitrarias y que todos aprueben sin tomar en cuenta las bases.
Mencionaron que esto será un negociado lucrativo y que hay que tener claro que el ente regulador es la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y no ha dado señales en este tema, porque es cómplice de todas estas arbitrariedades.
Además, señalaron que los humildes transportistas no han sido tomados en cuenta en este proyecto de ley; sólo han tomado en cuenta la cúpula de la “mafia” del transporte.
Mientras que la Asociación de Consumidores Libres de Panamá (ACL) ha manifestado que el proyecto de ley no busca proteger los derechos de los usuarios, ni de los conductores de las plataformas, ni de los propios taxistas, ya que lo único que hace es favorecer a las llamadas concesionarias del transporte.
Consideran que lo que se quiere es que el país retroceda 30 años y que las plataformas digitales dejen de ser un servicio privado para convertirlo en un mal servicio público.
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