Asamblea Nacional reprograma para el 8 de febrero comparecencia de ministros por manejo de la pandemia
Los diputados están solicitando respuestas sobre la adquisición de la vacuna contra la covid-19, trazabilidad y los niveles de endeudamiento del Estado para el manejo de la pandemia.
Los diputados están solicitando que también se explique y brinden información en torno a cómo funciona el sistema de trazabilidad para detectar casos de covid-19 y aislar sus contactos, y cuál ha sido su resultado.
Para la 1:00 p.m. del próximo 8 de febrero fue reprogramada la comparecencia de los ministros de Economía y Finanzas Hector Alexander y la Canciller Erika Mouynes, ante el pleno de la Asamblea Nacional.
De acuerdo con el presidente de la Asamblea Marcos Castillero la comparecencia se tenía programada para este lunes 1 de febrero, pero dos de los ministros que estaban citados pidieron un cambio de fecha.
Estos funcionarios han sido citados por los diputados de la Asamblea Nacional para que respondan un cuestionario de 21 preguntas centradas en la compra de las vacunas, la alta incidencia que se ha dado en los casos de la covid-19 y los millonarios préstamos que se han realizado durante la pandemia.
Sin embargo, a nueve días de que se cumpla la citación de la Canciller de la República Erika Mouynes, el ministro de Salud Luis Francisco Sucre y el ministro de Economía y Finanzas, no ha acudido a la Asamblea Nacional.
Los diputados están solicitando que también se explique y brinden información en torno a cómo funciona el sistema de trazabilidad para detectar casos de covid-19 y aislar sus contactos, y cuál ha sido su resultado.
También piden aclarar cuánto se ha adquirido en préstamos para enfrentar la pandemia, y desglosar el dinero utilizado hasta la fecha.
De igual manera se pide que se informe al pleno si el gobierno está negociando o tiene previsto adquirir préstamos adicionales.
Los diputados de igual manera solicitan información sobre cuántas vacunas contra la covid-19 ha comprado el Estado, a qué precios, y las empresas a las cuales se les ha realizado la compra.
De igual manera solicitan que se detalle cuál es el fundamento de derecho que se está utilizando para la compra de las vacunas contra la covid-19 y si este es diferente al establecido en la Ley 22 de contrataciones públicas.
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También piden que se explique cuál es el criterio para escoger a las empresas que han sido contratadas para la distribución de la vacuna contra la covid-19.