Panamá
Panamá aprobó en 2023 una ley para que el 7% del PIB sea utilizado en la educación. Sin embargo, lo que realmente se está gastando equivale a un 3 o 4%.
La asistencia en el nivel primario (98.7%) de la educación panameña es una de los más altas de la región latinoamericana. Cortesía
La desigualdad socioeconómica en Panamá, también se refleja en la educación, con adolescentes de hogares con menos recursos enfrentando mayor riesgo de exclusión y trayectorias educativas interrumpidas, con patrones más agudos en zonas rurales y comarcales.
Esta es una de las conclusiones del análisis del sistema educativo panameño en el lustro 2020-2024, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
De acuerdo con el estudio, la comparación con países pares de la región muestra que Panamá, pese a su nivel de ingreso, no obtiene resultados educativos acordes con el nivel de renta per cápita, el esfuerzo fiscal y el gasto por estudiante que realiza.
Esto sugiere desafíos vinculados a la eficacia y la eficiencia del gasto, la calidad de políticas y la gobernanza del sistema.
Desde 2023 se cuenta con una ley mediante la cual se asigna 7% del PIB a la educación cada año.
Como el estudio de Unicef cubre desde tres años antes, se advierte que lo que se destinó en este periodo rondó entre 3 y 4%.
No obstante, Unicef sostiene que aumentar el presupuesto con relación al PIB no garantiza mejores resultados educativos.'
En promedio, la población de 25 a 65 años tiene 11.2 años de educación, un valor alto en comparación con otros países de la región.
Panamá tiene el PIB per cápita más alto de América Latina, pero su gasto público en educación (ejecutado) en porcentaje del PIB o como porcentaje del gasto público total es relativamente bajo.
El gasto efectivamente ejecutado en educación en 2024 fue de $2,655 millones, lo que representó el 3.1% del PIB.
Del presupuesto de Educación, 75% se destina al pago de servicios personales, como salarios.
En 2024, por ejemplo, una parte relevante del incremento se dirigió a infraestructura y equipamiento, mas no en las áreas que podrían mejorar los aprendizajes de estudiantes.
El financiamiento proviene mayoritariamente de ingresos corrientes del Estado (principalmente impuestos), complementado por el Seguro Educativo, lo que hace aún más relevante mejorar la eficiencia del gasto y reducir las brechas de ejecución.
Otro punto en el que hace énfasis el informe de Unicef es el relativo a la ejecución de los fondos con que cuenta la educación.
Se notó claves como una expansión presupuestaria por encima de la capacidad administrativa, cuellos de botella en contratación pública y dificultades en la gestión y priorización de proyectos.
"Como resultado, programas clave de infraestructura escolar registraron niveles de ejecución bajos, limitando mejoras en condiciones físicas y equipamiento", registra el estudio.
Unicef recomienda priorizar intervenciones con impacto directo y verificable en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.
Además, fortalecer la planificación, priorización y gestión de proyectos, contratación pública y seguimiento físico-financiero para reducir la subejecución y asegurar resultados dentro del año lectivo.
El organismo sugiere garantizar los recursos presupuestarios necesarios para la continuidad del Pase-U, así como aplicar criterios de elegibilidad flexibles que favorezcan la cobertura universal.
Y para reducir la brecha, se deben incorporar criterios territoriales y socioeconómicos para dirigir recursos a poblaciones y zonas con peores condiciones y resultados, lo que no debe implicar aumentos inmediatos del gasto total.
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