Panamá
Los delitos sexuales siguen siendo tabú y los mismos se amparan en la clandestinidad y el silencio de las familias y la sociedad, dice experta.
Panamá no cuenta con un sistema estadístico especial para la generación de datos pertinentes que contraste información sobre la explotación sexual a niños, niñas y adolescentes. Foto: Epasa
Niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente por sus propios padres, abuelos, vecinos, educadores o explotados sexualmente por sus madres, o grupos criminales, es un fenómeno que se enquista cada vez más y sumerge a la sociedad en un oscurantismo sobre este tema.
Para muchos el tema es un tabú que se ampara en la clandestinidad y la intimidad de las familias y las comunidades, advierte la directora del Instituto de Derechos Humanos Justicia y Paz de la Universidad de Panamá, Rosaría Correa.
Si bien es cierto, los delitos sexuales no tienen edad, ni género o nivel social, el rostro más vulnerable es el niño, la niña y los adolescentes, explica la experta.
La Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (Conapredes) registró 26,227 víctimas por delitos contra la libertad e integridad sexual entre el 2019 y el 2022, un promedio de 5,171 a 7,997 víctimas por año. El 92 % femeninas y 85 % masculino, no obstante, el 61 % de las víctimas eran menores de 17 años, 27 % de ellas, niñas y niños de 0 a 14 años de edad.
Las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Bocas del Toro, Chiriquí y Coclé lideraron estas estadísticas, seguido de la Comarca Ngäbe Buglé , Veraguas y Colón.
El año pasado cerró con 6,260 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, principalmente, por casos de violación, para el primer bimestre del 2024, el Ministerio Público ya registraba 1,012 denuncias, 13 % que el año anterior. El delito contra la libertad e integridad sexual es el segundo con mayor denuncias.
En lo que va del año, el Ministerio Público ha aprehendido a 125 personas requeridas por delitos contra la libertad e integridad sexual, entre ellas, 75 por violación
Correa sostiene que los delitos sexuales son unos de los más graves en Panamá, y frente a la falta de políticas de prevención, advierte que en los próximos años estaremos frente a un notable incremento al no poder controlar este tipo de comportamiento.
"Un niño violentado, que es tomado por el crimen organizado o explotado por su propia madre, de adulto, repetirá la conducta multiplicando este fenómeno", advierte Correa, quien también forma parte del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (ONU).
Es un delito que afecta el desarrollo del niño, la niña y los adolescentes e incluso hace difícil rescatarlo de las afectaciones, explica la investigadora, que compara la recuperación de un menor abusado con la fallida intención de reparar un vaso de cristal roto.
Panamá registró entre 2019 al 2022 un total de 1,865 víctimas por delito de explotación sexual, 77 % en la modalidad de corrupción de personas menores de edad, 7 % víctimas de pornografía infantil, seguido de delitos relacionados con la posesión de pornografía infantil, relaciones sexuales remuneradas con menores de edad, proxenetismo, entre otros.
Ante esta realidad, Correa advierte una urgente capacidad de reacción por parte de la sociedad y las autoridades, así como el reforzamiento de los lazos de cooperación internacional.
Desde el Observatorio del Instituto de Derechos Humanos Justicia y Paz de la Universidad de Panamá se promueve la flexibilización en materia de investigación criminal para dar mayor oportunidad a la parte científica, en especial, cuando haya imposibilidad de practicar evaluaciones médicas ante la no autorización de los exámenes a las víctimas menores de edad, así como potenciar el uso de la cámara de Geissell, fortalece el apoyo a la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás intervinientes (UPAVIT).
Para los investigadores, el aumento de pena no es la solución a la impunidad frente a este tipo de delito, sino que es importante que el tipo de pena sea debidamente estructurada .
Igualmente, sugieren especial atención en las áreas comarcales, para lo cual recomiendan realizar estudios de diagnóstico diferencial para determinar la incidencia o no del factor cultural. La educación sexual abordada correctamente también puede hacer la diferencia, advierte la experta.
Correa también señala que Panamá no cuenta con un sistema estadístico especial para la generación de datos pertinentes que contraste información sobre la explotación sexual a niños, niñas y adolescentes, crucial para fortalecer los sistemas de información a través de datos oportunos, confiables y actualizados. Así mismo, Panamá requiere legislar sobre el ciberdelito.
En la Facultad de Derechos de la Universidad de Panamá, los docentes Virginia Arango e Hipólito Gil trabajan en propuestas para el mejoramiento de los tipos penales ante la evolución de este fenómeno criminal, indicó Correa. Así mismo, se avanza en la investigación sobre la exposición de menores de edad a través de las plataformas de contenidos sexuales.
Cifra de la Unicef revelan que en 2020, 150 millones de niñas y 73 millones de niños en todo el mundo sufrieron algún tipo de abuso sexual. Anualmente, 3 millones de depredadores sexuales viajan por todo el mundo en busca de sus víctimas.
En tanto, la base de datos de Interpol sobre explotación sexual de menores en el 2023, contenía más de 4,9 millones de imágenes y vídeos, y ha ayudado a identificar a más de 37,900 víctimas en todo el mundo, un promedio de 15 víctimas identificadas cada día y unos 16,533 delincuentes identificados durante el 2023.
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