Gobierno reconoció comisión de ecuatoriano en mayo
La organización fue reconocida y constituida cumpliendo con las formalidades exigidas por el Ministerio de Gobierno.
Rodrigo Alberto Ricaurte Núñez recomendó cierre de Punta Coco. Foto: Ministerio de Gobierno
La Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos "Cónsules de Paz Mundial" se defendió luego de que el ministro de Gobierno, Roger Tejada, pusiera en tela de duda su formalidad y solicitara una investigación de credenciales.
Según la comisión, su objetivo fundamental es el de promover los derechos humanos y de servir como órgano consultivo dentro del territorio ecuatoriano y América Latina.
La organización fue reconocida y constituida cumpliendo con las formalidades exigidas por el Ministerio de Gobierno, a través del resuelto 225-pj del 24 de mayo de 2023.
Rodrigo Alberto Ricaurte Núñez actúo como apoderado legal para la constitución de este organismo con filial en Panamá.
La aclaración surge a raíz que el Gobierno panameño solicitara investigar las credenciales del ecuatoriano Rodrigo Alberto Ricaurte Núñez, supuesto director general para América Latina y el Caribe de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, quien recomendó el cierre de la cárcel Punta Coco.
Núñez estuvo de visita la semana pasada en Panamá. Durante su viaje indicó que existía una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) para que se cierre el penal.
Además, manifestó que el Estado panameño ha burlado el sistema interamericano. No obstante, Ricaurte Núñez ha estado bajo la lupa previamente precisamente por entregar presuntas credenciales falsas en materia de derechos humanos.
Trascendió que en Ecuador, esta comisión fue señalada años atrás por dedicarse a otorgar credenciales con el rimbombante título de ‘Cónsul mundial de Paz’ como si se tratara de alguna institución oficial de carácter transnacional a influencers, políticos y deportistas.
Medios sudamericanos también indicaron que Ricaurte Núñez en su momento se trasladó en Colombia evadiendo una orden de localización y captura expedida el 9 de mayo de 2019 por el Juez de la Unidad Judicial Norte 1 Penal de Guayaquil, Ecuador. Esa orden de captura, por el presunto delito de abuso de confianza, tiene vigencia de 7 años.
Debido a esta situación, el ministro de Gobierno, Roger Tejada, solicitó que se investiguen las credenciales de esta persona para saber "qué hay detrás de esa recomendación".
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