Hay unas 5,453 denuncias por delitos electorales

Las denuncias más comunes que recibe la Fiscalía Electoral son los cambios de residencia dolosa y la de Utilización Ilegítima de los bienes y recursos del Estado.

Y es que en el 2019, cuando asumí el cargo Dilio Arcia este realizó un inventario a cada una de las fiscalías penales electorales de los tres distritos jurisdiccionales.

Una vez se realizó ese proceso quedaron pendientes un total de 5,453 carpetas o investigaciones activas.

El cambio de residencia. que es la denuncia más presentada, es un delito que está contemplado en el Código Electoral y de acuerdo con las reformas electorales del año 2017, recibían una sanción de 50 a 500 días multas; pero resulta importante señalar que, actualmente, con las recientes reformas electorales aprobadas a través de la Ley 247 de 22 de octubre de 2021, la sanción para este delito aumentó, ahora va de 100 a 1,000 días multas.

"En nuestra gestión, se les dio apertura a 283 investigaciones, y en base a las 5,453 carpetas, atendimos 3,819 hasta el mes de diciembre de 2021", señaló el fiscal.

Explica Dilio Arcia que según su experiencia a través de los años, se ha que regularmente, las denuncias van dirigidas al funcionario o partido político que se encuentre en gobierno, pero "en nuestra administración, te puedo decir que hemos recibido denuncias en contra de personas inscritas en partidos políticos distintos al actual partido gobernante.

Detalla que cuando los partidos políticos realizan elecciones internas, la Fiscalía General Electoral, despliega a su personal en los tres distritos jurisdiccionales a nivel nacional, hace recorridos y tiene presencia en los principales centros de votación, además de mantener personal en las distintas sedes de las fiscalías electorales, para que atiendan cualquiera denuncia que se presente.

Recuerda el funcionario que es deber de todo ciudadano actualizar su residencia en el Registro Electoral, ante la Dirección Nacional de Organización Electoral o sus Regionales, cuando ya no reside en un Corregimiento.

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Recordó que en un periodo previo a las elecciones generales, el Tribunal Electoral realiza una depuración al Padrón Electoral preliminar y todas las personas que se comprueben no residen en un corregimiento, se les anula la inscripción y se le revierte al último corregimiento que se registra en su historial de residencia; y a solicitud del Tribunal Electoral o de cualquier ciudadano o partido político que presente la denuncia, se le investiga penalmente por parte de la Fiscalía Electoral.

Dilio Arcia señala que su principal frustración es el presupuesto asignado, que para los años 2020 y 2021 fue de $4.5 y $5 millones, respectivamente "y a pesar de ello, de manera responsable y comprometida, desarrollamos el plan de trabajo y ejecutamos las acciones judiciales y administrativas que nos asigna la Constitución Política y la Ley Orgánica Institucional.

El Presupuesto de la Fiscalía Electoral para el año 2022, fue aprobado por la suma de $5.3 de dólares, dentro de los cuales no se contempló los gastos preelectorales del año 2022 y en la sustentación ante la Asamblea Nacional hizo referencia a este aspecto.

"Adicional, tenemos que con las recientes reformas electorales, el Tribunal Electoral creó tres juzgados administrativos electorales, y por ser la Fiscalía General Electoral subcoadyuvante, le corresponde la creación de las tres fiscalías administrativas electorales, que actuarán ante dichos juzgados y que van a conocer las controversias que le asigna el nuevo Texto Único del Código Electoral, a fin de garantizar el debido proceso y la doble instancia; y al momento que nos fue asignado el presupuesto tampoco se contemplaron los gastos de funcionamiento y equipamiento de estas tres nuevas fiscalías administrativas electorales.

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Plantea que en primer lugar el presupuesto de la Fiscalía Electoral , se le debe de dotar del recurso económico suficiente para que de manera cónsona pueda realizar su labor, adaptándola a los tiempos modernos en cuanto a digitalización se refiere, ya que requerimos de la adquisición e implementación de un Sistema de Gestión de Denuncias Electorales, que permita una nueva forma de acceso a nuestra jurisdicción, centrada en el ciudadano y orientada a los resultados, mejorando la organización de los procesos internos, reduciendo la discrecionalidad y reforzando con ello la credibilidad política y la responsabilidad institucional.

Otro aspecto que se le debe cambiar a la Fiscalía, según Dilio Arcia es la visión que tiene la ciudadanía de ella y ya estamos trabajando en este aspecto tan importante, por lo que hemos creado las oficinas de igualdad de género y la Oficina de Capacitación y Enlace Ciudadano, con las que queremos llegar a los ciudadanos, brindándoles capacitación en conocimientos básicos sobre nuestras funciones, además que se conozcan los delitos y contravenciones, y sobre todo, lo relacionado a la violencia política, con lo que estaríamos cumpliendo nuestro rol de prevención.

Especialistas consideran que los millones que entrega el Tribunal Electoral a los partidos políticos deben usarse correctamente en capacitación para entre otras cosas evitar que cometan delitos electorales que podría llevarlos a prisión o a pagar días multas.