Reviven anteproyecto para investigar el uso de fondos públicos en la pandemia
La administración liderada por Laurentino Cortizo y Gaby Carrizo está rodeada de múltiples escándalos relacionados con la supuesta malversación de recursos.
Las auditorías de la Contraloría han derivado en el secuestro de bienes y cuentas bancarias que superan los 18 millones de dólares. Cortesía / Unificada con IA
La Asamblea Nacional recibió nuevamente el anteproyecto de ley que busca que se auditen los recursos y bienes públicos utilizados durante el estado de emergencia declarado a raíz de la pandemia del covid-19 para que se compruebe si hubo o no malversación de fondos públicos en la pasada administración.
Cabe destacar que la iniciativa ya había sido presentada en la pasada legislatura, pero no fue acogida en comisión; por ello, como establece el Reglamento Orgánico del Régimen Interno en su artículo No. 121, fue elevada al pleno para su reconsideración.
Su proponente, la diputada Grace Hernández, ha reiterado que la normativa no pretende perseguir a nadie; por el contrario, su objetivo es que los panameños conozcan cómo se gestionaron los fondos y préstamos asumidos por el gobierno de Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo mientras estaban encerrados en sus casas.
Mencionó que los recientes escándalos de supuesta corrupción, en los que presuntamente estarían involucrados exfuncionarios de la gestión Cortizo-Carrizo, hacen que su propuesta adquiera mayor relevancia, pues el país necesita transparencia y rendición de cuentas.
Hernández hizo un llamado al Ejecutivo, a la Contraloría General de la República y al resto de instituciones competentes a respaldar su propuesta para que quienes se hayan apropiado de los recursos que les pertenecían a todos respondan ante la justicia.
"Los panameños merecen respuestas, también queremos conocer la responsabilidad de quienes tomaron las decisiones durante la pandemia, incluyendo al entonces vicepresidente 4x8 (...) el que nada debe, nada teme (...) investigar no debe asustar a nadie", subrayó.
Aseguró que las investigaciones por el posible uso inadecuado de miles de millones de dólares deben alcanzar a todos sin excepciones porque no se trata de partidos políticos, sino del dinero de todos los panameños, recursos que actualmente hacen falta para la ejecución de escuelas, carreteras, programas de ayuda social, entre otros.
Entre las irregularidades que rodean la pasada administración destacan los procesos de contratación directa para presuntamente favorecer a sus allegados, el registro de obras con variaciones presupuestarias de hasta 3 millones de dólares y la compra de ventiladores a montos superiores a los establecidos en el mercado.
Además, varios de sus exservidores públicos, Nadia del Río, Publio De Gracia, Noriel Araúz, José Gabriel Carrizo, Luis Oliva, Bernardo Meneses, Héctor Brand y Zenia Vásquez, están bajo investigación por supuesto enriquecimiento ilícito o han sido imputados por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, peculado y corrupción.
Las auditorías de la Contraloría han derivado en el secuestro de bienes y cuentas bancarias que superan los 18 millones de dólares contra varios de los exfuncionarios antes mencionados.