Respeto a presunción de inocencia pide la Conferencia Episcopal
”Es imprescindible que se sigan los debidos procesos y que se respete la dignidad”, opinión de los obispos
@AntonioSaul27
El respeto de la dignidad, el debido proceso y sobre todo la presunción de inocencia es la opinión de la Iglesia católica a través de la Conferencia Episcopal.
La reacción de los obispos surge ante la ola de investigaciones que ha levantado el Ministerio Público en contra de exfuncionarios del anterior gobierno.
Es precisamente la presunción de inocencia y la dignidad lo que no se ha respetado, según denuncias de los abogados y familiares de quienes han resultado imputados en los casos que se desarrollan en los despachos de instrucción.
Las exhibiciones ante los medios de comunicación, de figuras como Alejandro Garuz, Gustavo Pérez y Rafael Guardia, portando esposas en sus muñecas, es la tónica que han destacado algunos canales y medios impresos locales.
“Como hemos reiterado en varias ocasiones, todos, absolutamente todos, los casos de corrupción deben ser investigados para conocer toda la verdad y no únicamente aquella parte de la verdad que conviene a unos pocos”, expresa la Conferencia Episcopal en un comunicado.
“Es ineludible e imprescindible que se sigan los debidos procesos, que se respete la dignidad de la persona y la presunción de inocencia”, destaca el comunicado, el cual agrega que “si existen las pruebas, se sancione de acuerdo a la ley, como corresponde a un Estado de Derecho”.
Conceptos como transparencia y el bien común también fueron otros de los puntos esbozados por el colegiado de obispos que representan a la Iglesia católica en Panamá.
“El fortalecimiento de la institucionalidad, la transparencia, la justicia, para que sean efectivas, exigen tener como parámetros la persona y el bien común”, concluye el comunicado de la Conferencia Episcopal.
La sociedad civil organizada ha cuestionado al gobierno de Juan Carlos Varela por cómo se han dado nombramientos en el sistema de administración de justicia.
La designación de la procuradora Kenia Porcell fue cuestionada porque no se hizo la consulta, al igual que el nombramiento del magistrado de Cuentas, Alberto Cigarruista, y la extensión en el cargo por diez años más del magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoffery.