Evolución de La Previsora a San Francisco F. C.

Datos históricos indican que los franciscanos cambiaron de nombre en una época, se hacían llamar en el torneo de Primera División local como La Previsora, incluso representaron a Panamá en la Copa de Campeones y Subcampeones de la CONCACAF, donde tuvieron una destacada participación.

En esa oportunidad llegaron hasta la segunda ronda, donde cayeron en partidos de ida y vuelta con los Leones Negros de Guadalajara.

Incluso, el club panameño logró una victoria en México 5-4, pero por diferencia de goles quedó eliminado.

Allá por el año de 1988 cuando se celebró la Copa Bayer, apareció La Previsora en el primer nivel del balompié istmeño.

En aquel torneo donde compitieron seis clubes, el elenco chorrerano finalizó en el segundo lugar, perdiendo el campeonato ante el Plaza Amador.

Un año más tarde La Previsora volvió a terminar en el segundo lugar de la tabla, esta vez superado por el Tauro, del uruguayo Miguel Mansilla.

El campeón goleador de este torneo fue el delantero colombiano Alonso Pacheco, de La Previsora, quien en esa temporada anotó nada menos que 18 tantos.

Este jugador ha sido uno de los mejores en la historia de este importante club.

Este conjunto chorrerano se mantuvo con el nombre de La Previsora hasta 1992; un año más tarde cambió a San Francisco, con el que se mantiene hasta la actualidad.

Ejerce diversas funciones constitucionales y legales, que para fines didácticos pueden resumirse en dos aspectos, uno jurídico y otro administrativo-institucional.

En el primero cubre dos planos; el judicial y el asesor, en tanto que en el campo judicial, representa los intereses de la administración pública en los procesos contencioso-administrativos, en demandas ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de Plena Jurisdicción, de Indemnización, de Nulidad, de Protección de los Derechos Humanos, de Interpretación, de Apreciación de Validez y los casos de impugnación de resoluciones decididos en la vía gubernativa.

Interviene en las demandas de inconstitucionalidad, de inexequibilidad y advertencias de inconstitucionalidad que atiende el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, lo mismo que en aquellos procesos que se promueven ante la Sala Tercera de la Corte en contra de los laudos arbitrales que resuelvan controversias laborales, entre la Autoridad del Canal de Panamá y sus trabajadores.

Como asesor sirve de consejero jurídico a los servidores públicos administrativos sobre la interpretación de la Ley o el procedimiento a seguir en los temas jurídicos que atienden los ministerios, las entidades descentralizadas, las gobernaciones y los municipios.

Atiende también temas referentes a todas las disciplinas jurídicas, con excepción de los temas penales que corresponden a la Procuraduría de la Nación.

Durante el año 2005 la Procuraduría de la Administración atendió 517 procesos y 232 consultas, y en el campo administrativo-institucional, orientó y capacitó en temas legales y administrativos a los servidores públicos nacionales y municipales, y desarrolló programas para el fortalecimiento y modernización de la gestión pública.

En el tema de la transparencia y la moralidad ha desarrollado una Red de Ética Pública que comprende alrededor de ochenta instituciones públicas.

OC: Mi visión en el plano general se concentra en crear conciencia y promover con otros una reforma judicial integral que facilite la tutela eficaz de los derechos de los ciudadanos y les permita acceder al sistema a través de mecanismos expeditos.

Se trata de lograr un sistema de justicia que devuelva la confianza a todos los ciudadanos y que éstos vuelvan a creer en los hombres y las mujeres que administran justicia.

OC: En nuestra agenda de trabajo está la revisión de la Ley 38, sobre procedimiento Administrativo, para simplificarla y uniformar su aplicación, lo mismo que la revisión del Código Administrativo que aun regula situaciones jurídicas vigentes en siglos pasados; y, la aprobación de una Ley de Carrera para el Ministerio Público, en el que trabajamos con la Procuraduría de la Nación.

Otro aspecto lo constituye la lucha contra la corrupción, decisiva para que exista un buen gobierno, impere la Ley, haya crecimiento económico y el desarrollo sea sustentable.

Además de vigilar la conducta oficial de los servidores públicos y perseguir los actos de corrupción, le prestamos especial atención a la prevención de la corrupción, ya que el primer paso para combatir la corrupción es prevenirla.

En esa perspectiva, la Procuraduría de la Administración promueve y coordina la Red de Ética Pública, donde participan las instituciones del Estado promoviendo los valores y principios que caracterizan la nueva ética de la administración pública, que a su vez incide en la mejora de la gestión pública y el servicio a la comunidad.

Ayudar a modernizar la gestión pública a través de la capacitación de los servidores públicos en temas legales como administrativos, es otro campo de acción de la Institución, cuyo objetivo es ayudar a mejorar la calidad de los servicios públicos, simplificar los trámites burocráticos y eliminar la discrecionalidad, que abre las puertas a la corrupción.

OC: Precisamente por eso especial atención merece el adiestramiento de los asesores jurídicos del Estado en la eliminación de las trabas legales que dificultan la eficiencia y eficacia de la Administración.

Esto nos lleva de la mano a comprometer más a los asesores legales con las instituciones a las que prestan servicios.

En estos momentos estamos en el diseño de seminarios-talleres para los asesores legales del Estado de cara a estos propósitos.

Las demandas contra el Estado y las indemnizaciones que es obligado a pagar, en muchas ocasiones son consecuencia de una inadecuada atención jurídica en el nivel gubernativo.

Corregir esto, le ahorrará millones de dólares al Estado.

El nivel de capacitación también se extiende a los servidores administrativos de los gobiernos locales de un importante número de municipios para que puedan enfrentar con eficacia y eficiencia las responsabilidades de sus competencias actuales y para aquellas que emanarán de las políticas públicas de descentralización municipal.

OC: Sí.

El sistema de justicia requiere un nuevo modelo de gestión, que especialice los despachos judiciales; simplifique los trámites; que excluya de las funciones del juez aquellas de carácter administrativo para que su labor sea atender exclusivamente las funciones jurisdiccionales, tal como lo plantea el Pacto de Estado por la Justicia.

Así se lograría calidad y pronta respuesta a las demandas de justicia.

En el aspecto administrativo, tal como recomienda el Pacto, se debe estructurar una Unidad de Servicios Comunes para las distintas jurisdicciones, que atiendan procedimientos judiciales, tales como, notificaciones, entrada y reparto de expedientes, designación de auxiliares judiciales, custodia de evidencias y seguimiento de medidas cautelares entre otros.

El Pacto sugiere además incorporar nuevas tecnologías en los tribunales para la atención a las personas con discapacidad, acompañada de la eliminación de barreras arquitectónicas; las notificaciones por correo electrónico, la grabación digital de audiencias y las video-conferencias, para determinadas diligencias judiciales.

OC: La percepción ciudadana es que el sistema judicial es lento, inseguro, complejo, caro, ineficiente y poco accesible.

De ahí el refrán que dice “más vale un mal arreglo que un buen pleito” o “entre abogados te veas”, que son expresiones del pueblo para poner de manifiesto su desconfianza por la administración de justicia.

Nos encontramos pues, ante un sistema agotado y si no hacemos una reforma integral del mismo, que es lo que propone el Pacto de Estado por la Justicia, cada día que pasa, la brecha entre la administración de justicia y los ciudadanos, sobre todo los más pobres se tornará insalvable.

Es necesario que el servicio público de administrar justicia se simplifique y que los ciudadanos tengan la seguridad que cuentan con un ordenamiento jurídico que le sea útil, que hará respetar sus derechos y los obligará a cumplir la ley, sin preferencias, con prontitud, eficacia y equidad.

A mi juicio, ésta es la verdadera esencia de la "seguridad jurídica".

OC: Por supuesto, tales como la falta de un Presupuesto de Rentas, Gastos e Inversiones adecuado y la autonomía para administrarlo; una Carrera Judicial actualizada y eficiente, con una Ley que le sirva de marco; un sistema científico de evaluación de desempeño de magistrados, procuradores, jueces y fiscales; y, una eficiente auditoría judicial, entre otros.

Todo esto está considerado en el Informe presentado por la Comisión de Estado por la Justicia.

OC: Una oportunidad de oro para Panamá en sus cien años de República, para lograr una reforma integral del sistema de justicia que perfeccione su independencia en lo orgánico y funcional y la haga más eficiente en cuanto a la prontitud y calidad de los procesos, y competente, en cuanto a la calidad de sus jueces y fiscales.

No olvidemos que es la primera vez en la historia republicana que los tres órganos del Estado y la sociedad civil se juntan para elaborar la agenda de una reforma judicial integral y fiscalizar su ejecución, que es lo que en esencia dispone el Pacto de Estado por la Justicia, convocado el año pasado, con gran visión, por el señor Presidente de la República, con el propósito de lograr cambios en la estructura de organización, en los procedimientos y en la normativa del sistema de justicia.

OC: Más que referirme al fenómeno de la globalización en sí, me gustaría mirar los factores que contribuyen a la existencia del fenómeno: a) La aceleración de los ritmos de apertura económica y de los intercambios de mercancías y servicios; b) La liberalización de los mercados de capitales; y, c) La revolución de las comunicaciones y de la informática.

De estos factores reviste singular importancia para el tema que ocupa nuestra atención, la revolución de las comunicaciones y la informática, pues estos instrumentos nos permiten estar al día con la evolución de la ciencia jurídica y las nuevas orientaciones de sus escuelas.

Permite además a abogados, operadores judiciales, docentes y a estudiantes de Derecho acceder de manera inmediata a bibliografías, jurisprudencias, instituciones, normas jurídicas y experiencias de ordenamientos jurídicos de otros países, algunos con instituciones más avanzadas que aquellas con las que contamos nosotros.

Respondiendo entonces a su afirmación, diría que es en este sentido, el de la universalización del conocimiento, que la globalización contribuye a proporcionarnos un punto de referencia para atender nuestras instituciones y ordenamiento jurídico en general, atendiendo eso sí, a la cultura de la nación panameña.

OC: Tal vez el Derecho por ser superestructura, es decir, por proporcionarle la estructura jurídica a los sistemas económicos y sociales, siempre venga detrás de los cambios, por lo que demora un poco más en "reinventarse".

No obstante, desde hace poco más de diez años, la academia jurídica ha hecho su tarea de reingeniería y las facultades de Derecho de nuestras universidades abordan nuevos temas en el marco que nos fija la revolución informática, dentro de la globalización internacional.

Temas como el Derecho Informático, Derecho Económico, Derecho Ecológico y Ambiental, Derecho Financiero, Derecho Empresarial, Derecho del Comercio Internacional, Derecho Aduanero, el Daño civil y administrativo, Derecho Marítimo, Derecho Bancario, Derecho de la Libre Competencia y del Consumidor, incluso, Derechos Humanos, entre otros, hasta la década de los años noventa no formaban parte del plan de estudios de las facultades de Derecho de las universidades de nuestro país.

Disciplinas tradicionales como el Derecho Penal, ahora se plantean nuevos temas como los delitos financieros, el blanqueo de capitales, los delitos transnacionales y la corrupción; y se tiende a cambiar el sistema procesal penal hacia uno más "garantista" en contraposición al sistema inquisitivo actual.

En el campo del Derecho Administrativo, se propone la creación de una jurisdicción de Paz que atienda los temas civiles, penales y de familia, que son competencia de los Corregidores y Regidores, y convertir a éstos en conciliadores y mediadores en los conflictos vecinales.

Hay que prestarle atención a la metodología de la enseñanza del Derecho.

Las clases "magistrales" ya no son suficientes para producir profesionales de calidad.

Debe haber más investigación científica e interacción en el aula, acompañada de una evaluación profesional del docente, que mantenga dentro del sistema sólo a aquellos cuyo rendimiento lo justifique.

OC: Existen cambios sustantivos en la interpretación constitucional y dentro de la misma, en el tema de las garantías fundamentales, plasmadas principalmente en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la última década.

También en algunas jurisdicciones especiales como la laboral, la marítima y la de familia.

La dificultad radica en la necesidad de mejorar la calidad de los operadores judiciales.

La Escuela Judicial hace un esfuerzo muy meritorio pero no es suficiente.

Para coadyuvar a estos propósitos, la Procuraduría de la Administración ha impulsado, con el apoyo entusiasta del profesor Francisco Vega, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Santa María la Antigua y el profesor Carlos Alberto Vásquez, una maestría dirigida a juzgadores y a funcionarios de instrucción, que sin duda mejorará la calidad de la jurisprudencia nacional.

Entiendo que hace falta presentar a la aprobación de la Universidad de Panamá el plan de estudios, para completar así el proceso de su aprobación.

OC: La administración de justicia es la columna vertebral de la democracia y del desarrollo sostenible.

Sin el imperio de la Ley no habrá seguridad jurídica, es decir, la certeza que existe un ordenamiento jurídico que protege a propios y extraños, en la confianza de que se reconocerán derechos, se exigirá el cumplimiento de obligaciones y que efectivamente se sancionará al que no cumpla o viole la Ley.

Para alcanzar este objetivo, además de una reforma judicial, hace falta desarrollar una cultura de la legalidad a través de la educación y de practicar el respeto a la Ley.