60% de los panameños rechazan la explotación minera

En momento en que el Gobierno Nacional anunció renegociar el contrato con la empresa Minera Panamá, los panameños consideran que la explotación minera es desfavorable para el país.

La última encuesta de Gallup de Panamá reveló que el 60% de los panameños encuestados califican de desfavorable o muy desfavorable la explotación minera.

Mientras que solo un 31% considera que es favorable o muy favorable. Un 9% respondió "no saber" sobre el tema.

Los panameños también sostienen que dentro de la explotación minera existe un daño ambiental, negocios ocultos detrás, poco ingreso al país y no generan suficientes empleos.

En esta encuesta se realizaron mil 200 entrevistas entre el pasado 3 y 8 de julio. El cuestionario se aplicó cara a cara en el hogar de la persona encuestada, utilizando una muestra representativa de la población adulta de todo el país.

Gallup de Panamá sostiene que los resultados de esta encuesta tienen un nivel de confianza del 95%, con un margen de error de 2.8 puntos.

En Panamá, un total de 199 mil 112 hectáreas han sido concesionadas para proyectos mineros, según cifras oficiales del Ministerio de Comercio e Industria (Mici) actualizadas hasta abril 2021. Unas 143 mil 075 hectáreas corresponden a concesiones para extraer minerales no metálicos, mientras que 56 mil 037 son para la extracción de metales.

Para el dirigente sindical, Eduardo Gil la población panameña tiene claro que los beneficios que recibe el país son pocos en comparación a las desventajas que quedan por la explotación de recursos naturales.

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"El porcentaje en regalía que recibe el país (2%) es muy bajo y no repercute en la dinámica económica y no se compara con el daño a largo plazo que debe enfrentar el gobierno producto de la actividad minera", manifestó Gil.

Otros países como Chile paga un impuesto corporativo de 25%, además de un impuesto minero de 14% sobre sus utilidades. En Australia Meridional las regalías llegan a 44.6%; en México a 41.6%; en Perú a 40.7% y a 40.1% en Columbia Británica (Canadá).

Agregó que existen intereses del actual gobierno en el sector minero, espeficamente por parte del vicepresidente José Gabriel Carrizo, cuya firma estuvo viculada al proyecto de la empresa Petaquilla Gold y en donde se le adeuda a los trabajadores más $15 millones.

En cuanto a la renegociación del contrato, Gil expresó que se tiene que establecer nuevas medidas: primero que Panamá reciba más beneficios, segundo que se garantice los derechos laborales de los trabajadores y se reste el poder que tiene la empresa sobre territorios concesionados y finalmente la responsabilidad sobre el impacto ambiental.

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Cifras de la Contraloría General, detallan que en el primer trimestre del 2021 las exportaciones por mineral de cobre y sus concentrados fue de 806 millones 266 mil dólares. Mientras que, de enero a diciembre del 2020 la cifra fue de 1,065 millones 593 mil dólares.

Millones dólares que se convierten en fuga de divisa ya que la empresa que opera la mina es 100% de capital extranjero; mientras que el Estado panameño recibe solo el 2% en concepto de regalías.

El abogado y ambientalista, Harley Mitchell señaló que la renegociación entre el Estado y Minera Panamá no está amparada en los principios constitucionales y legales que establece el régimen ecológico de la República de Panamá.

"Es de conocimiento público a través de informes emitidos por el Ministerio de Ambiente que Minera Panamá ha cometido actos tipificados en el Código Penal y que van contra los recursos naturales asociados a la explotación de recursos de subsuelo (cuenas hidrograficas, bosques y vida silvestre), por lo que resulta inconsebible que se este negociando parámetros y regalías con Minera Panamá cuando el Órgano Ejecutvivo debe denunciarla por los actos cometidos contra la naturaleza", expresó el jurista.

Por su parte, el ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez dijo que parte de la renegociación del contrato tiene que ver con lo ambiental, con las distintas reglas y con lo que se puede y no hacer.

"Los aspectos fundamentales que hemos analizado y que deben ser revisados y negociados son: las regalías, impuestos sobre la renta y temas ambientales, creemos que es lo más relevante, cuidar el ambiente, asegurar el desarrollarlo de las comunidades", acotó.

Martínez indicó que el Gobierno le manda un mensaje a la empresa Minera Panamá, para buscar las mejores condiciones para el país y que permita que la empresa siga operando para no afectar la inversión extranjera y preservar el movimiento económico que genera hoy en día.

"Es importante para nosotros tener un equipo bien preparado, ya hemos pasado por un periodo de mucho esfuerzo para estar donde estamos, consideramos que es el momento perfecto para iniciar una negociación", sentenció Martínez.

En Panamá hay 55 canteras de minerales no metálicos entre las provincias de Colón y Panamá. En esta última está la mayor cantidad porque se dan más desarrollos de edificaciones. También existen otras en provincias como Coclé.

A la fecha el Gobierno ha llevado a cabo la revisión del registro minero y se han cancelado 11 concesiones de minería metálica por distintas razones.

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