Clasificación en Tokio MOU depende de varios factores
Aunque las detenciones de buques panameños en puertos chinos pueden incidir en la evaluación de desempeño del país, no modifican su estatus.
Los Estados de bandera son clasificados en listas de colores (blanca, gris o negra), que influyen en el nivel de riesgo asignado a sus buques. PEXELS
Aunque la preocupación de las autoridades respecto a la valoración del abanderamiento panameño en el Memorando de Entendimiento de Tokio (Tokio MOU) resulta entendible, considerando que las detenciones de buques en puertos chinos han aumentado un 400%, expertos en el sector mencionan que el cambio de clasificación no depende únicamente de las acciones registradas en una zona en particular, sino de una serie de factores globales a los que también hay que prestar atención.
Dicho acuerdo, según Alberto López Tom, abogado especializado en derecho marítimo, analiza tendencias sobre un volumen muy amplio de inspecciones y durante periodos determinados en distintos lugares; por tanto, las detenciones chinas pueden incidir en la evaluación del desempeño del Estado de bandera, pero no modificar su estatus automáticamente.
La decisión del rector, que abarca la región Asia-Pacífico, estará sujeta al número de inmovilizaciones, la gravedad de las deficiencias detectadas, los reportes en distintos puertos y la proporción entre inspecciones y retenciones.
"Con base en esos elementos, los Estados de bandera son clasificados en listas de colores (blanca, gris o negra), lo que influye en el nivel de riesgo asignado a los buques y en la frecuencia con que pueden ser inspeccionados en los puertos de la región", explicó a Panamá América.
Indicó que cuando se administra uno de los registros más grandes del mundo, como es el caso de Panamá, lógicamente el número de detenciones es elevado; lo relevante será evaluar si existe un patrón generalizado que refleje deficiencias sistemáticas en el cumplimiento de los convenios internacionales.
López Tom reiteró que, aunque los armadores y el Estado de bandera tienen el deber de garantizar las condiciones de sus buques, sus responsabilidades son diferentes. Los primeros deben velar por que las naves sigan permanentemente las normas globales de seguridad, protección marítima y prevención de la contaminación; mientras que Panamá tiene la obligación de ejercer una supervisión efectiva sobre las embarcaciones inscritas en su registro mediante la expedición de certificados, auditorías e inspecciones.
El país, a su juicio, debe ser diligente en sus revisiones, recordando que, aunque las detenciones no necesariamente suponen un fallo de su parte, pueden revelar deficiencias preexistentes y producir cuestionamientos a la eficacia del sistema de evaluación, afectando su reputación internacional.
Cabe destacar que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) recientemente confirmó que una delegación panameña viajará a China del 16 al 18 de julio para sostener encuentros con representantes de la Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Transporte con la finalidad de conocer los parámetros técnicos que han derivado en la retención de buques.
La aspiración del Ejecutivo, de acuerdo con el canciller Javier Martínez-Acha, es que el tema sea "estrictamente" analizado desde una óptica técnica con el objetivo de encontrar soluciones que les permitan a ambos países seguir fortaleciendo sus relaciones comerciales.
El funcionario fue enfático al señalar que el fallo de la CSJ que anuló el contrato de Panama Ports Company (PPC) en dos de las terminales portuarias cercanas al Canal no formará parte de las conversaciones que sostendrán con las autoridades chinas; sin embargo, reafirmó que tanto la vía interoceánica como la plataforma logística del país seguirán brindando su servicio a todas las naciones del mundo sin distinción.
Datos de la Cámara Marítima de Panamá (CMP) revelan que, hasta el mes de junio, se han registrado 470 detenciones de naves locales en puertos chinos, un incremento de 338 respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se detuvieron 132 embarcaciones.
El gremio reconoce que el Rector del Puerto (Port State Control) debe asegurar la seguridad marítima, la protección al medio ambiente y el cumplimiento de las convenciones internacionales; no obstante, dichas medidas deben ser aplicadas bajo criterios transparentes, técnicos y objetivos, no discriminatorios.