Cuestionan silencio por retirada de línea de cruceros

La Cámara Marítima de Panamá cuestionó el silencio de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la Autoridad de Turismo (ATP) ante la cancelación del itinerario de cruceros de Norwegian Cruise Line desde el próximo año a puertos panameños, anunciado esta semana.

Según el gremio, esta empresa representa una flota de 28 barcos que ya no utilizará al país como puerto base (home port), lo que perjudica el turismo y la imagen internacional del país.

Norwegian comenzó a operar en el país desde marzo de 2022, siendo la primera línea de cruceros con puerto base en ambas costas del país, que a su vez ofrecía a sus viajeros la oportunidad de cruzar el Canal de Panamá.

Sin embargo, una serie de inconvenientes, han hecho cambiar de opinión a esta importante línea de cruceros.

Problemas con la seguridad en los embarques y desembarques, luego que se registrara un accidente, en el muelle de la terminal de isla Perico, que todavía no está terminada, con una escalera habilitada para uno de los cruceros, fue uno de los motivos.

Además, figura la complejidad en el proceso migratorio, que entorpecieron el itinerario de la empresa, luego que demorara más del tiempo previsto.

El otro punto cuestionado, son los trámites y costos administrativos y limitaciones en el suministro de bunker, según la Cámara Martítima.

Hay que destacar, en este mismo sentido, que otro hecho de peso que, motivó hasta quejas de 23 línea de cruceros fue la concesión de expendio exclusivo de búnker a embarcaciones que utilizan los puertos de cruceros.

Colón 2000, que administra las terminales, entregó a la empresa Monjasa, la exclusividad en el suministro de combustible para los cruceros que atracan en los puertos que administra.

Para la Cámara Marítima es imperante que las autoridades de la AMP y la ATP “tomen acciones contundentes e inmediatas que prevengan posturas similares por parte de otras líneas de cruceros”.

A su vez, exhorta al Gobierno Nacional para que garantice prácticas correctas bajo las regulaciones y normativas vigentes, “revalorizando los compromisos de libre competencia y seguridad jurídica imprescindibles para conservar las inversiones extranjeras”.

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