Mulino promete revelar 'el atraco' de PPC a las arcas nacionales

El presidente José Raúl Mulino se refirió ayer, jueves, al comunicado de la empresa Panama Ports Company (PPC), exoperadora de los puertos de Balboa y Cristóbal, en el que aseguran que Panamá está deteriorando la confianza de los inversionistas, señalando que dichas afirmaciones son "infames y mentiras".

Advirtió que, en los próximos días, revelará "las bellezas y el atraco" que esta empresa realizó en el país.

El retraso en la presentación del equipo legal que representará a Panamá en el arbitraje interpuesto por PPC en la Cámara de Comercio Internacional de Nueva York, de acuerdo con el mandatario, obedeció a que no fueron notificados con suficiente antelación.

"Nos notificaron un miércoles y había que designar a los abogados el viernes, por eso se pidió la extensión, más nada, pero ya están trabajando los abogados", puntualizó.

Detalló que se evaluaron a tres grandes firmas de abogados antes de tomar una decisión, sin revelar el nombre del equipo jurídico que hará frente al caso que asciende a más de 1,500 millones de dólares.

Mulino rechazó categóricamente las aseveraciones de la empresa en torno a la seguridad de los inversionistas, acusándola de ser la única que deterioró a la nación.

"Los únicos que deterioraron al país fueron ellos con todas las maleanterías que hicieron durante la vida de este contrato", sentenció.'

La salida de PPC de los puertos de Balboa y Cristóbal ha ocasionado la retención de al menos 46 embarcaciones de bandera panameña en puertos chinos.

La Contraloría presentó dos demandas contra PPC ante la CSJ, una de inconstitucionalidad y la otra de nulidad, porque la adenda o extensión del contrato nunca tuvo el refrendo de la entidad como manda la ley, pero la empresa siguió al frente de los dos puertos.

Señaló que Panamá continúa reforzando sus políticas para mantener el grado de inversión y crecimiento económico a fin de que más empresas se establezcan en su territorio con beneficios para ambas partes.

Dichas acusaciones se dan luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inconstitucional el contrato de PPC, utilizando como sustento un informe de la Contraloría General de la República que reveló un perjuicio de más de 13 millones de dólares a las arcas nacionales.

El contralor Anel Flores, en conferencia de prensa el pasado 30 de enero, dijo que este acuerdo era "abusivo y leonino" contra los intereses nacionales.

Aseveró que la relación con PPC trajo "grandes perjuicios" a Panamá en detrimento del dinero de todos los panameños.

La Contraloría presentó dos demandas contra PPC, una de inconstitucionalidad y la otra de nulidad, porque la adenda o extensión del contrato nunca tuvo el refrendo de la entidad como manda la ley, pero la empresa siguió al frente de los dos puertos.

"Hay incumplimientos de todo tipo, de las inversiones que tenían que hacer y un sinnúmero de cosas que dejaron de pagar los señores de Panama Ports", recalcó en su momento.

La salida de PPC de los puertos de Balboa y Cristóbal ha ocasionado la retención de al menos 46 embarcaciones de bandera panameña en puertos chinos.