Procesamiento de roca ya extraída de la mina generará 70.000 toneladas de cobre
En la mina Cobre Panamá aún quedan miles de toneladas de material rocoso, que fueron extraídos antes del cierre de la operación.
La exportación de concentrado generó importante dividendos al país.
El procesamiento de 38 millones de toneladas de roca extraída en la mina Cobre Panamá, clausurada en el 2023 por orden judicial, generará 70.000 toneladas de cobre, afirmó una portavoz de la operadora, que aclaró que no se está ante una reactivación del yacimiento desarrollado por la compañía canadiense First Quantum Minerals.
La gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, Maru Gálvez, dijo durante su intervención en el Foro Visión Colón 2026 que el procesamiento del material rocoso, que se extrajo antes de la clausura de la mina, fue aprobado luego de que el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció el pasado 2 de enero que había autorizado la exportación del mismo.
En la mina Cobre Panamá, operada por Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals, "aún quedan miles de toneladas de material rocoso, que fueron extraídos antes del cierre de la operación, y su permanencia prolongada, sin los procedimientos adecuados, puede presentar un riesgo ambiental", argumentó Mulino en una rendición de cuentas en el Legislativo.
Por ello, el gobernante dijo que ordenó que se coordinara "el procesamiento y exportación de ese material", lo que "no significa la apertura o reactivación de la mina".
"El procesamiento de estas 38 millones de toneladas de rocas se van a convertir en 70.000 toneladas de cobre que necesitan ser procesadas", dijo Gálvez.
Para esta actividad, Cobre Panamá va a contratar a 700 personas, dando prioridad a los residentes de las comunidades cercanas a la mina, situada en un área de la provincia caribeña de Colón, agregó la portavoz.
La explotación de esta mina a cielo abierto, que en el 2022 produjo el 2 % del cobre a nivel mundial, representaba 7.000 empleos directos y cerca de 30.000 indirectos, de acuerdo con las cifras del Ejecutivo panameño y de la empresa, que situaron además en unos 10.000 millones de dólares la inversión.
Fue inhabilitada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión, una decisión que tuvo lugar en medio de las mayores protestas públicas en décadas que mezclaron un rechazo a la minería y al gobierno del entonces presidente Laurentino Cortizo (2019-2024).
El presidente Mulino ya dijo que "confía" en que en junio próximo su Gobierno anunciará la decisión sobre el futuro de la mina, tras conocer los resultados de una auditoría integral en marcha "y la opinión de los expertos internacionales que determinarán la viabilidad o no de un proyecto que siempre debe ser sostenible y beneficioso a los intereses del país".
La reapertura de la mina es tema que gravita en Panamá: los ambientalistas y sectores civiles organizados insisten en que el proyecto es perjudicial y debe seguir cerrado, mientras que los extrabajadores del enclave, sectores económicos y una parte de la población claman por su reactivación.