Temen traslado o cierre del Marcos A.Gelabert

El posible traslado del aeropuerto Marcos A. Gelabert, ubicado en Albrook, sigue generando reacciones por parte de sus usuarios, quienes aseguran que se perderían mil empleos, además denuncian que no existe claridad acerca de lo que se busca.

De acuerdo con Jaime Fábrega, exdirector de Aeronáutica Civil y presidente de la Asociación Panameña de Aviación, desde junio del presente año, los usuarios del aeropuerto de Albrook han enviado cartas al secretario del Metro, Roberto Roy, el ministro de Obras Públicas (MOP), Ramón Arosemena, y el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, pidiendo esclarecer el futuro de la terminal.

A pesar de la solicitud y de haber transcurrido más de tres meses, Fábrega asegura que aún no han recibido respuestas.

Según la Ley 22 del 31 de enero del 2003, su artículo 3 numeral 6, la Autoridad de Aeronáutica Civil deberá aprobar los planos de aeropuertos y aeródromos, y regular el uso de suelo en el entorno, por seguridad de las operaciones.

A pesar de esta reglamentación, el Gobierno aún no ha realizado ninguna consulta con los involucrados en el tema, aseguró Fábrega.

Felipe Ariel Rodríguez, de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, capítulo de Chiriquí, señaló que si hay un estudio que indique por qué sería factible mover este aeropuerto para Howard, no hay ningún problema con que se haga.

No obstante, consideró que para los viajeros chiricanos que usan esta terminal aérea esta posibilidad no les resulta factible, ya que tendrían mayores gastos para trasladarse.

Indicó que las autoridades deben ser más claras y explicar para qué serían usados estos terrenos.

Asimismo, Fábrega expresó que el traslado o clausura de este aeropuerto podría estar vinculado a la construcción de las nuevas líneas del Metro y el cuarto puente sobre el Canal.

La semana pasada, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) recomendó al país lograr un mayor desarrollo logístico, incluyendo las interconexiones aéreas, a través de un consenso entre la empresa privada y el Gobierno.