Unos $20 millones pierden las empresas por robo de energía
El hurto de energía eléctrica no solo causa pérdidas millonarias a las empresas de transmisión de esta, también tiene implicaciones de seguridad pública, al afectar la calidad del servicio y poner en peligro la vida
El hurto de energía eléctrica no solo causa pérdidas millonarias a las empresas de transmisión de esta, también tiene implicaciones de seguridad pública, al afectar la calidad del servicio y poner en peligro la vida, tanto de los implicados en esta anomalía como de los residentes en las áreas intervenidas ilegalmente.
Además, este fraude no solo lo cometen personas de escasos recursos o quienes viven en zonas consideradas de alto riesgo. También se da en sectores exclusivos como Costa del Este, Bella Vista, Brisas del Golf, entre otros.
Las empresas de distribución eléctrica que operan en el país pierden más de 20 millones de dólares por causas relacionadas a los fraudes cometidos por sus clientes o por personas que se conectan de forma ilegal al servicio de electricidad.
Luis Duarte, director de Operaciones de la Empresa Nacional de Energía, S.A. (Ensa), precisó que la compañía ha perdido en los últimos cinco años unos $60 millones por esta anomalía, un promedio de $12 millones al año, mientras que Gas Natural Fenosa informó que las pérdidas en este concepto alcanzan los 9 millones de dólares al año.
Mal social
El fraude, más que afectar en términos económicos a las empresas, implica un gran riesgo para la población. El hurto de energía en muchos casos es realizado por personas que no tienen ningún tipo de idoneidad para efectuar conexiones eléctricas, lo que hace que se expongan ellas mismas al poner “telarañas”, y ponen en riesgo al público en general.
“Para nosotros el tema de seguridad pública es lo principal, pero también hay que contrarrestarlo, porque significa pérdidas para la empresa”, dijo Duarte.
Recordó que en los dos últimos años, en el área de concesión de la empresa (Panamá, Colón, Darién e islas del Pacífico), han tenido 37 accidentes del público, en los cuales 13 personas fallecieron, algunas de ellas por intento de hurto de energía.
También advirtió que con el hurto de energía se afecta la calidad del servicio, ya que la red está diseñada para atender a los que solicitan el servicio y se dimensionan las redes para la cantidad de clientes que tiene la empresa en los diferentes sectores.
Si se sobrecarga la red, se ocasionan deficiencias en el servicio y se generan fluctuaciones de voltaje, lo que a su vez afecta el suministro y también puede causar daños a los artefactos eléctricos en los comercios y residencias.
Vivian Pineda, gerente de Comunicaciones de Gas Natural Fenosa, dijo que el público debe conocer el riesgo que representa el conectarse ilegalmente a la red, el cual, además de ser un delito penado por la ley y que afecta directamente la calidad del servicio de la comunidad, expone al peligro no solo a la persona que realiza esta mala práctica, sino también a quienes están en su entorno.
Penalización
Los fraudes en este sector no solo son competencia de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), ya que desde 2006 se aplicó un cambio al Código Penal, en el que se agregaron los fraudes al sistema de telecomunicaciones y energía eléctrica, lo que faculta a las empresas a presentar denuncias penales ante el Ministerio Público.
La sanción por este tipo de delitos incluye penas de dos a tres años de prisión o días multas cuando el monto defraudado sea mayor de 250 dólares.
Ambas empresas dicen aplicar una política muy firme de llevar a los implicados en este delito a la esfera penal para contrarrestarlo.
Duarte precisó que en los últimos cinco años han presentado 57 denuncias penales y a la fecha tienen seis fallos condenatorios y hay otros siete casos que tienen llamamiento a juicio, mientras unos 14 están en el proceso de llamarlos ante los tribunales.
En la provincia de Panamá es donde Gas Natural Fenosa registra más casos de conexiones ilegales, especialmente en las zonas rojas de la capital y en los distritos de Arraiján y La Chorrera, donde se han detectado más de 30 sectores en los que es común encontrar usuarios que se conectan ilegalmente a la red o con las conocidas telarañas, mientras que Ensa indica que de 2001 a 2013 han logrado evidenciar 90,000 casos por fraude de clientes con servicio regular. Indican que aunque las provincias de Panamá y Colón son las que registran más casos de fraude, este flagelo no es exclusivo de las áreas más vulnerables, así como tampoco se da solo en el sector residencial, ya que se han encontrado casos en comercios e industrias. Prueba de ello es que en los casos condenatorios, tres son de Costa del Este y tres de San Miguelito.
Además, precisan que desde que la empresa inició operaciones han regularizado o normalizado el servicio a más de 172 hogares, ya que muchos de sus clientes procedían de invasiones de tierra, los cuales consumían energía de forma irregular.
Recomendaciones
Las empresas están aplicando operativos periódicos para identificar el robo de energía.
“Estamos trabajando en una campaña que ayudará a que las personas tengan claro el peligro al que se exponen por realizar conexiones ilegales, practicar el hurto de cables, efectuar trabajos eléctricos o poda sin las medidas de seguridad adecuadas”, comentó Pineda.
En tanto, Duarte manifiesta que para mermar las conexiones ilegales, las cuales pueden proceder de personas que viven en terrenos invadidos o de quienes teniendo el servicio se “enganchan” a la red a través de las conocidas “telarañas”, Ensa les ofrece facilidades para que se conecten de forma legal, desde el contrato firmado en casa hasta financiar a cómodas cuotas los materiales necesarios para colocar el medidor.