Cuestionan al Ministerio Público tras decisión judicial sobre querella contra directivo de La Prensa

La decisión de la jueza de garantías Marlene Gómez de revocar el archivo y ordenar la reapertura de la causa penal contra el directivo del diario La Prensa, Rolando Rodríguez, en un caso de calumnia e injuria presentada por Odilia Castillo desencadenó reacciones dentro del gremio de la abogacía en Panamá, abriendo un debate sobre la objetividad del Ministerio Público (MP) en casos vinculados a grupos de poder.

Uno de los pronunciamientos más severos provino del abogado Kevin Moncada Luna, quien cuestionó el desempeño de ciertos despachos de la fiscalía y solicitó una depuración institucional inmediata.

"Hay ciertas unidades de fiscales que fungen como tentáculos de grupos de un sector específico del poder económico, por lo que trabajan para proteger intereses de dicho sector (...) El MP debe hacer investigaciones para detectar a estos fiscales de tal manera que la institución sea depurada", aseguró Moncada Luna.

Debate sobre el rol del Ministerio Público y los límites del derecho

El fallo de la jueza Gómez reabrió el análisis técnico sobre las decisiones de archivo emitidas por los fiscales, subrayando que la libertad de expresión no puede utilizarse como patente de corso para vulnerar la honra o el honor de los ciudadanos sin una sentencia previa probada en los tribunales.

Lamentó que con su decisión de archivar la causa, la Fiscalía dejaba en indefensión a Castillo, así como la omisión de diligencias básicas y peritajes oficiales por parte del Ministerio Público.

El historial de reveses judiciales de Corporación La Prensa

La reapertura de la causa por supuesta calumnia e injuria interpuesta por Castillo vuelve a poner bajo los reflectores el historial de controversias legales que ha enfrentado Corporación La Prensa (Corprensa) en las últimas décadas.

Con esta reapertura, el Ministerio Público deberá ejecutar diligencias objetivas que incluyan peritajes oficiales, mientras sectores de la abogacía exigen que los procesos judiciales se mantengan al margen de presiones mediáticas.

Caso Ernesto Pérez Balladares

En noviembre de 2023, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial dio un giro de 180 grados a una resolución previa, condenando a Corporación La Prensa al pago de 5.5 millones de dólares por daños y perjuicios al expresidente Ernesto Pérez Balladares. Apenas meses antes, en junio de ese mismo año, otra instancia había negado la indemnización e impuesto costas procesales ($581 mil) a la parte demandante.

Caso Roberto Durán

En 2022, la justicia falló a favor de la leyenda del boxeo Roberto Mano de Piedra Durán al considerar que el medio y el supermercado Xtra incurrieron en actos negligentes al comercializar un suplemento coleccionable con su imagen sin su autorización previa, desestimando el argumento del periódico de que se trataba de uso meramente informativo.

Hace unas semanas, el creador de contenido digital Brian Lutz ("Xopabrian") aseguró que todavía el diario de la 12 de Octubre  no ha honrado a Durán, y esa es una de las razones que le disuade de demandar al periódico a pesar de sentirse ofendido por una de sus publicaciones.

Caso Planells

Por otra parte, cuando estalló el escándalo con Annette Planells, La Prensa se limitó a un escueto comunicado en el que se hacía a un lado de las supuestas extorsiones atribuídas a su presidenta y miembro de la junta directiva a través del medio digital Foco.

Planells fue calificada como extorsionadora por el embajador de Estados Unidos, Kevin Cabrera.