Juan Carlos Varela y Kenia Porcell evitaron compromiso con la integridad jurídica
La Resolución, que obliga a adoptar principios internacionales sobre independencia, imparcialidad, integridad, corrección, equidad, competencia y diligencia, fue engavetada en administración pasada.
Juan Carlos Varela ahora es imputado por presunto blanqueo de capitales en el caso Odebrecht.
Una Resolución, suscrita en 2014 y que obliga a los funcionarios del Ministerio Público (MP) a mantener una "integridad inobjetable" y a "cumplir estrictamente los principios de legalidad", no fue promulgada en Gaceta Oficial durante todo el mandato de Juan Carlos Varela y Kenia Porcell.
La Resolución 52 tiene fecha de 30 de octubre de 2014 y lleva la firma de la entonces procuradora Ana Belfon, pero fue promulgada ayer, por lo que no estuvo vigente durante toda la gestión de Porcell, la más cuestionada de los últimos años por su supuesta parcialidad y manipulación de la justicia.
La Resolución obliga a todos los funcionarios del Ministerio Público a cumplir "íntegramente" los "Principios de Bangalore sobre la conducta judicial", que exige "independencia, imparcialidad e integridad", en el manejo de la justicia.
La Resolución entró en vigencia a partir de su promulgación, sin embargo, no se explica por qué se hizo cinco años después.
Plantean los Principios de Bangalore que un funcionario judicial, y en este caso de instrucción, no debe seguir conociendo un proceso legal cuando ha sido altamente cuestionado.
Durante la administración de Porcell, incluso en la actualidad, varios fiscales son cuestionados por su presunta falta de "imparcialidad, independencia e integridad" en la instrucción de casos de alto perfil durante la administración pasada y la actual.
La Resolución 52 del MP indica que a partir de la fecha se crea un sistema de autoevaluación de todos los funcionarios en el cumplimiento de los Principios de Bangalore.
Estos Principios fueron adoptados en julio de 2006 por el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que instó a todos sus estados miembros a que los asumieran como propios, en aras de garantizar la independencia judicial.
"Los valores fundamentales reconocidos en ese documento son la independencia, la imparcialidad, la integridad, la corrección, la equidad, la competencia y diligencia", señala el documento suscrito en la India por cientos de altos representantes judiciales del mundo.
En abril de 2004, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, al valorar los Pincipios, argumentó que le preocupaba la frecuencia y alcance del fenómeno de la corrupción que afecta al poder judicial.
Agregó que este fenómeno va mucho más allá de la corrupción económica en forma de desvío de fondos que el Parlamento asigna al poder judicial o de los sobornos, también puede afectar a la administración interna de la justicia la falta de transparencia y los sistemas de prebendas.
Enfatizó su preocupación en la "intervención tendenciosa en los procesos y resoluciones, como consecuencia de la politización de la judicatura, de la afiliación política de los jueces o de cualquier forma de clientelismo judicial".
En Panamá, los Varelaleaks destaparon la supuesta intromisión directa de Juan Carlos Varela en el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.
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