Mora judicial alcanza los 93 mil casos pendientes

El Órgano Judicial mantenía a diciembre de 2019, unos 93 mil 592 casos por resolver, según el informe de gestión de esta institución presentado a finales de marzo.

La mora judicial en Panamá toma en vigencia luego de que organismos internacionales de derechos humanos le solicitaron a sus países miembros que hagan lo posible para evitar que los reclusos se contagien de coronavirus.

El Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) pidió que se reduzca el hacinamiento y se dicten medidas cautelares para desalojar un poco las cárceles para evitar la propagación del COVID-19.

Las jurisdicciones que mayor cantidad de casos mantienen pendientes son la civil, con 32 mil 892 y la penal, con 21 mil 080. Por su parte, el pleno de la Corte mantiene mil 32 casos pendientes por resolver.

Mientras que de los 18 mil 179 reclusos que existen en el sistema penitenciario nacional, al menos 7 mil 573 están siendo procesados y en espera de una condena, o han sido sentenciados y apelaron.

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Para el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, la mora judicial es la principal crítica que arrastra el sistema de justicia a lo largo de todas las décadas, desde la existencia del país.

"El crecimiento de la población que requiere atención por parte de los tribunales de justicia, siempre ha estado excedido, ahora con el COVID-19 lo que se va a poner de manifiesto es un agravamiento de esa realidad", indicó Araúz.

Añadió que ese contexto que determina que hay un retraso grave en la resolución de las causas, también pone en evidencia la necesidad de la modernización de la justicia en cuanto a la posibilidad de sistemas digitales para la presentación de demandas, solicitudes, la forma en la que los jueces resuelven las sentencias y agilizar los mecanismos de notificación.

"En general, incluir el brazo tecnológico en el trabajo diario de jueces y magistrados, como una fórmula de reconocer que el estado actual es de colapso, porque el factor humano se está quedando limitado para resolver todo lo que está pendiente", señaló.

Esto es algo que la pandemia del COVID-19 debe dejar consigo, la digitalización de la justicia como garantía de derechos humanos, para que las personas puedan tener acceso a la misma de una manera pronta y expedita.

"La pandemia del COVID-19 lo que ha hecho es exponer la tragedia de una justicia en la cual el poder político siempre la tiene olvidada, la ausencia de recursos económicos para poder diseñar planes de contingencia y de evaluación, siempre caen en un embudo", puntualizó

Araúz agregó que los requerimientos de la justicia son tantos, que no se pueden llevar adelante sin la conexión del poder político porque depende de la asignación presupuestaria.

"En estos momentos en que la sociedad panameña va a vivir la grave crisis económica de lo que quede luego del COVID-19, pone en contexto que es posible que la justicia no vaya a cambiar su realidad en materia presupuestaria y que con esa realidad lo que se impone es ser creativos. Pocos mecanismos existirán para que el Estado panameño garantice un financiamiento de la justicia, también son reflexiones que se deben colocar en contexto", manifestó el dirigente gremial.

El presidente del Colegio de Abogados dijo que depender del presupuesto y del poder político siempre ha sido una historia lamentable antes de la pandemia, por lo que si la respuesta para lo antes planteado depende del poder político, "la respuesta ya está dada, nunca habrá dinero para la justicia panameña".

Ante esto, a enfatizó que le toca al Órgano Judicial presentar esas iniciativas y al Pacto de Estado por la Justicia, jugar un papel importante para la modernización del sistema.

"Como se dice, toda crisis es una oportunidad, y yo diría que esta crisis debe poner en contexto que la justicia se fortalezca, se reinvente y ponga realmente un funcionamiento más efectivo para que los ciudadanos tengan un escenario más prometedor en cuanto a justicia", concluyó el abogado.

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Velar por su salud

En cuanto al tema de los detenidos en las cárceles, y centros de rehabilitación femeninos, el abogado Alfonso Fraguela, exdirectivo del Colegio de Abogados, señaló que es responsabilidad de la Dirección del Sistema Penitenciario velar por la salud de la población carcelaria a nivel nacional.

Agregó que es una obligación del Estado proporcionar los medicamentos y todo lo necesario para que ahora, en el marco de la pandemia del COVID-19, los detenidos no sean contagiados con el virus.

"Pienso que igualmente el Ministerio de Salud debe supervisar los protocolos empleados en los centros de reclusión. Igualmente la Defensoría del Pueblo, tiene el deber de velar porque esos derechos humanos a la salud, les sean respetados y garantizados", explicó.

El jurista puntualizó que muchas de las personas recluidas en las cárceles no han definido su situación legal y otros sí, es decir, no han sido procesados y están a la espera de juicio, "pero en ambos casos esos ciudadanos tienen derechos humanos y la salud es uno de ellos".

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