New Business, un caso lleno de irregularidades y sin 'asidero jurídico'

El caso New Business, el cual es llevado adelante por la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada y el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales de Panamá, no cuenta con "asidero jurídico", así lo indicó el abogado penalista, Sidney Sittón.

El jurista agregó que "la primera pregunta que surge dentro de un sentido lógico, es cómo se realiza la compra de un medio de comunicación y ese dinero es depositado en un banco de la localidad, donde hay oficiales de cumplimiento que por ley tienen que hacer debidas diligencias y resulta que ese banco nunca reportó ningún tipo de situación anómala o irregular".

Añadió el letrado que por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tampoco hubo ningún tipo de reporte sobre alguna transacción irregular.

"Si el banco que tiene una estructura organizada y profesional nunca hizo ningún tipo de reporte de actividad sospechosa, quiere decir que toda la operación en esa compra fue lícita y legítima", dijo.

Enfatizó que decir lo contrario, cómo lo están sosteniendo ahora de que hubo un delito en la compra de ese bien, entonces habría que haber procesado a los oficiales de cumplimiento y del banco que manejaron esas cuentas.

"Hay que recordar que la familia que vendió el bien, recibió estos dineros en el banco más grande de la localidad, no en cualquier banco. Entonces si ellos, dicho por la Fiscalía, reciben dineros de procedencia ilícita y no fue advertido por los oficiales a cargo del cumplimiento debido, quiere entonces decir que se dio un delito por parte de esos oficiales de cumplimiento y de quienes manejan las cuentas bancarias", explicó el letrado.

Sittón señaló que de ser cierto lo que asegura la fiscalía, entonces la familia que vendió el medio de comunicación también tendría que responder por haber recibido esos dineros, dicho por las autoridades provenían de actividades supuestamente ilícitas.

"Entonces la hipótesis del caso por parte de la Fiscalía no corresponde con la realidad que se está dando, ni los banqueros, ni los oficiales del banco, ni de los que manejaron las cuentas, ni la familia que vendió el bien han sido llamados a responder, por lo tanto entonces no tiene asidero jurídico la hipótesis de la fiscalía", puntualizó.

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De forma puntual, el abogado reiteró que habría que ver el papel de la UAF, la cual está para recibir todo tipo de señales de los oficiales de cumplimiento cuando detectan alguna actividad sospechosa y hacen su propia investigación al respecto, algo que en este caso nunca se realizó.

"Dicho esto, la fiscalía no tiene un sustento donde armonice los hechos jurídicamente relevantes".

Sittón también se refirió al caso de la juez Baloisa Marquínez, la cual ha sido cuestionada por la propia Corte Suprema de Justicia a propósito de las rupturas procesales que ha dado dentro del proceso.

"Eso naturalmente tiene que advertir de que habido situaciones que trastocan el debido proceso legal y ahuyentan la posibilidad de que haya un enjuiciamiento o procesamiento de manera objetiva apegado al debido proceso legal'', concluyó.

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