Laurentino Cortizo: $3,542 millones en subsidios nuevos para pandemia de la COVID

El gobierno de Laurentino Cortizo disparó el gasto en subsidios estatales desde el primer año que inició su administración, todo bajo su principal excusa: la pandemia.

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Cortizo creó tres nuevos subsidios durante la emergencia sanitaria que representaron gastos para el Estado por 3 mil 542.9 millones de dólares entre 2020 y 2023. Este monto se suma a listado tradicional de subsidios que han mantenido los últimos gobiernos.

De estos subsidios nuevos creados por Cortizo el más alto fue el de los llamados vales solidarios (físicos y digitales) por 2 mil 801 millones de dólares en cuatro años, revela un informe oficial.

La gestión de Cortizo también creó el subsidio energético solidario donde se gastó 338.3 millones de dólares. A ello se suma el subsidio especial al combustible manejado por la ATTT, MIDA y ARAP por 373.2 millones de dólares. Este fue el subsidio al combustible que el gobierno de Cortizo dio a transportistas, agricultores y pescadores.

El informe oficial también expone en detalles como el gobierno hizo uso del subsidio a becas y los polémicos auxilios económicos para estudios superiores a través del Ifarhu.

Cortizo esperaba llevar este año este subsidio a más de 500 millones de dólares, pero no logró la reelección a través de la candidatura de José Gabriel Carrizo.

Entre el 2020 y 2023, el Ifarhu otorgó mil 390.4 millones de dólares en subsidios a becas escolares y los auxilios económicos. Y para este año, el presupuesto del Ifarhu recomendaba subir esta cifra a 518.1 millones de dólares.

Para el abogado y catedrático universitario, Miguel Antonio Bernal, es un hecho público y notorio el manejo que se le dio a dichos subsidios, que jamás gozaron de la transparencia y de la rendición de cuentas que corresponde a la administración pública de dichos dineros del Estado.

Añadió que esto hace colegir que "sin duda alguna, de esos más de tres mil millones de dólares en subsidios, una buena cantidad ha tenido que ir a parara los bolsillos del presidente de la República, vicepresidente y sus allegados".

Bernal destacó que la problemática aquí es que no existe autoridad que vaya a realizar una investigación, pues según él, tanto el contralor como el procurador, están al servicio del Órgano Ejecutivo, los cuales permanecerán en sus cargos hasta que prescriba la posibilidad de una investigación que se impone dentro de este caso.

De acuerdo con el letrado, en los meses que restan de Gobierno se dedicarán a desaparecer todas las pruebas, algo que es un problema que tiene la actual estructura del Estado.

Para Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio nacional de Abogados (CNA), existen muchos temas que tendrán que ser aclarados por la administración saliente y que deberán de ser investigado por el nuevo Gobierno.

El jurista señaló que hay que recordar que existe una resolución del año 2021 que reserva cierta información el Consejo de Gabinete, con lo que se busca es mantener lejos del rango de la sociedad, los temas que fueron abordados durante la pandemia de la covid.

"Al final habrá que verificar si todos esos subsidios dados durante la pandemia llegaron a satisfacer las necesidades de la población que resultó impactada, producto de un acontecimiento mundial y que no simplemente sirvió como una herramienta para dar vida a nuevo ricos", aseguró el letrado.

Fraguela señaló que le tocará a la administración de José Raúl Mulino, ponderar esto y efectuar las investigaciones que es lo constitucionalmente lo obliga, frente a hechos del Gobierno que termina.

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