Ocho procesados en caso Pandora desisten del recurso de apelación
Los cinco restantes han solicitado que se les otorguen medidas cautelares más flexibles, como reporte periódico y prohibición de acercarse a la Dirección General de Ingresos (DGI).
La lesión patrimonial que esta supuesta red criminal causó al Estado se estima en más de 40 millones de dólares. Cortesía / Mejorada con IA
La audiencia de apelaciones de la "Operación Pandora" continuará este martes a las 8:30 de la mañana con la exposición de los argumentos de forma y fondo de ambas partes para dar paso a la decisión final.
Los abogados defensores están conscientes de que la complejidad del caso podría retrasar el dictamen del Tribunal; no obstante, esperan que se respete la presunción de inocencia y las garantías de todos los involucrados en el proceso.
Durante la sesión de ayer, lunes, ocho de los trece imputados con detención provisional, tras considerar que existen riesgos de fuga y destrucción de pruebas, desistieron de la apelación por estrategia procesal.
Los cinco restantes han solicitado que se les otorguen medidas más flexibles, como reporte periódico y prohibición de acercarse a la Dirección General de Ingresos (DGI).
El Ministerio Público (MP) también solicitó el cambio de medida para dos de los acusados por la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Zenia Pérez.
El abogado Omar Jaén, por su parte, pidió a las autoridades actuar con objetividad, tomando en cuenta que no todos los supuestos implicados tienen el mismo grado de responsabilidad en el caso.
"Hay personas que están muy vinculadas y hay otras que tienen una vinculación carente", subrayó.
La investigación que busca comprobar la presunta manipulación del sistema informático e-Tax 2.0, a juicio del jurista, carece de técnicas especializadas como escuchas telefónicas, seguimientos, vigilancias, agentes encubiertos, entre otros elementos necesarios para la operación de una supuesta red criminal como se ha determinado.
Reiteró que las investigaciones "malas y deficientes" también repercuten en la imagen del país a nivel internacional; por ende, la Fiscalía debe hacer su trabajo para acreditar la supuesta comisión del hecho.
A las personas, entre las que destacan exfuncionarios de la DGI, presuntamente involucrados en el esquema, se les acusa de corrupción de servidores públicos, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y delincuencia organizada.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció una serie de medidas para garantizar la continuidad de los servicios tributarios en el país, que incluyen el reemplazo del sistema e-Tax 2.0.
Además, se digitalizarán los trámites manuales para evitar manipulaciones indebidas.
"Vamos a reemplazar el sistema e-Tax que hoy conocemos por una plataforma digital más robusta donde cada trámite quede registrado y se pueda seguir paso a paso", detalló a través de redes sociales.
La ciudadanía, pese al anuncio del titular del Ministerio de Economía y Finanzas y el desarrollo de las investigaciones del Ministerio Público, exige mayores controles y que se lleve ante el banquillo de los acusados a los altos mandos que también formaban parte de este esquema, pues solo así se hará justicia.