El dirigente estudiantil: entre la vocación y la conveniencia
"En pocas universidades, algunos dirigentes estudiantiles terminan más cerca de las autoridades académicas que de los propios estudiantes que los eligieron". Y ahí comienza un problema que pocas veces se discute con seriedad: cuando la representación se vuelve comodidad, el dirigente deja de fiscalizar y empieza a adaptarse al poder.
En un Panamá marcado por el debate público y el cuestionamiento constante hacia quienes ejercen cargos de representación, llama la atención que dentro de la universidad algunas veces ocurra lo contrario. En el sector público vigilamos —o al menos intentamos vigilar— lo que hacen los políticos, cuestionamos sus decisiones y exigimos rendición de cuentas. Pero en la vida universitaria, después de las elecciones, pareciera que el escrutinio desaparece.
Y eso tiene una explicación incómoda: el cuerpo estudiantil, en promedio, no va a votar. La participación es tan baja que hay elecciones con dos candidatos —o con uno solo— ante la indiferencia general. El estudiante que critica al político que no cumple muchas veces no ejerce el único mecanismo que tiene para exigir dentro de su propia casa de estudios. No se puede pedir rendición de cuentas desde la abstención.
Votamos poco, y luego pasan dos o cinco años sin que nadie cuestione nada. No existe una cultura de seguimiento, ni tampoco espacios que funcionen como una oposición estudiantil capaz de señalar errores o debatir decisiones.
Aunque la universidad y sus agrupaciones no son un partido político, la representación estudiantil sí implica una responsabilidad pública frente a quienes depositaron su confianza en un dirigente. Y esa responsabilidad es recíproca: el dirigente debe responder, pero el estudiante también debe exigir.
Ser presidente de una asociación estudiantil no es únicamente ganar una elección o tener presencia en actividades protocolares. Exige criterio, capacidad de diálogo, seriedad y, sobre todo, independencia. Porque quien representa estudiantes debe entender que su función principal no es agradarle a la administración universitaria de turno, sino defender los intereses de sus compañeros incluso cuando eso incomode.
En la Universidad de Panamá, quien aspira a dirigir una asociación estudiantil debe cumplir requisitos básicos: ser estudiante regular, estar debidamente matriculado, mantener un índice académico mínimo y no pertenecer a otro estamento universitario. Son exigencias razonables. Lo mínimo indispensable para garantizar que quien represente estudiantes sea parte activa de la realidad que pretende defender.
Sin embargo, el verdadero problema comienza después de las elecciones.
El dirigente estudiantil y el político tradicional comparten algo más que una campaña: comparten la misma tentación de olvidar a quienes los eligieron. El artículo 2 de la Constitución Política de Panamá establece la separación de poderes precisamente para evitar eso: que quien debe fiscalizar termine actuando como subordinado de aquello que está llamado a cuestionar. El principio no es exclusivo del Estado; es válido en cualquier espacio donde exista representación y poder.
Cuando un dirigente pasa más tiempo dentro de las oficinas administrativas que entre los estudiantes, la representación pierde sentido. Si tiene una silla fija en la oficina del rector, del decano o del director del centro regional; si llega más a recibir instrucciones que a plantear reclamos, la pregunta es inevitable: ¿cómo exigir explicaciones ante una injusticia académica cuando se depende políticamente de quienes administran la institución? ¿Cómo defender a un estudiante frente a una arbitrariedad si se ha construido una relación de conveniencia con la autoridad? La cercanía excesiva entre dirigencia y administración no fortalece la representación: la debilita.
Quien debe fiscalizar no puede actuar como subordinado de aquello que está llamado a cuestionar.
Lo mismo aplica cuando un dirigente interviene en los procesos políticos internos de la propia universidad. Pronunciarse ante irregularidades legítimas es un derecho —y a veces un deber— de cualquier miembro de la comunidad universitaria. Pero cuando esa intervención no busca la transparencia sino proteger alianzas convenientes, el mensaje que recibe el estudiantado es claro: este dirigente no actúa en nombre de los estudiantes, sino en nombre de quienes debería fiscalizar.
Las elecciones en la Universidad de Panamá se aproximan. Habrá continuidad y habrá relevo en todos los estamentos, y cada proceso importa. Cuando llegue el turno del estudiantado, la responsabilidad será compartida: los dirigentes electos deberán representar con independencia, y el cuerpo estudiantil deberá asumir que votar no es un acto menor. Una elección con un solo candidato, con uno a perpetuidad, donde los candidatos son escogidos por la autoridad administrativa o simplemente proviene de una agrupación que nunca rindió informes de su gestión, nos lleva a una abstención generalizada, que no es una anomalía administrativa; es el síntoma de una cultura gremial que aún está pendiente de construirse.
Porque el problema nunca empieza cuando un dirigente roba o comete una falta grave. Empieza mucho antes: cuando deja de representar. Y también cuando los representados dejan de exigir.