Privacidad en venta: el negocio oscuro de los investigadores

En Panamá la curiosidad se transformó en un negocio que vulnera la intimidad. Hoy, con un celular y un dron, cualquiera puede presentarse como investigador privado y ofrecer servicios que rozan o cruzan la ilegalidad. La vida de las personas se convierte en mercancía y la ley, en un obstáculo que muchos eluden.

La Ley 56 de 2011 exige licencia de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública para ejercer como investigador privado. Esa exigencia no es solo para las empresas: cada profesional debe portar su carné personal. Si quien vigila en la calle no lo muestra, no es un investigador autorizado; es un particular que acosa y pone en riesgo a otros. Con la nueva normativa sobre ciberdelincuencia vigente en 2025, el acecho digital dejó de ser una molestia y pasó a ser un delito penal.

Existe un mercado negro de información que opera con descaro. Algunas agencias ofrecen, como si fuera un menú, historiales de tránsito, datos municipales, registros del Tribunal Electoral, expedientes bancarios y listados de llamadas. No se trata de genios informáticos: son intermediarios que revenden información robada o filtrada por funcionarios que traicionan su cargo.

Quien compra esos reportes también comete un delito. Financiar la obtención ilegal de datos convierte al cliente en cómplice. El Código Penal sanciona con la misma severidad al que vulnera una base de datos y al que adquiere esa información sabiendo su origen. Comprar un informe "bancario" o "médico" fuera de la ley es participar en una violación a la protección de datos personales.

Distinguir a un profesional de un delincuente es sencillo: un investigador legítimo nunca ofrecerá entrar a un WhatsApp, "hackear" una nube o grabar dentro de una casa con un dron. Eso es delito en cualquier Estado de derecho. Si no puede mostrar su carné vigente del Ministerio de Seguridad, no existe para la ley y representa un riesgo para quien lo contrata.

El silencio institucional agrava el problema. No es aceptable que se trafique con la intimidad sin que las autoridades actúen de oficio. La protección de datos no puede quedar en papel mientras agencias clandestinas manejan bitácoras de ubicación y secretos de ciudadanos sin control ni custodia.

Panamá debe impedir que la tecnología y la información robada sirvan de escudo para la impunidad. Si el Ministerio Público y las entidades competentes no desmantelan estas redes, la privacidad quedará a merced del mejor postor y la confianza pública seguirá erosionándose.