Ser o no ser: menos justificar la violencia
El país conecta, de manera sincronizada, dos enormes contradicciones, a nuestro juicio, fundamentales: Son ellas: 1. La defensa de la soberanía nacional y 2. La lucha democrática- reivindicativa. La primera tiene como punto basal la dignidad nacional y la integridad territorial del Estado panameño. La segunda tiene como eje la no privatización de la Caja de Seguro Social y el uso de sus reservas por manos privadas. Son dineros de la clase trabajadora.
En medio de esas expresiones, vitales para la nación y en ella, para el pueblo panameño, frente a los últimos acontecimientos de ataques y represalias al movimiento sindical, somos del criterio que hay que tener autoridad moral para criticar a quienes, consecuentemente, hacen la defensa del país y del pueblo, en el contexto de las dos contradicciones principales ut supra señaladas.
Muy cómodas las críticas de aquellos que, desde el confortable sillón o sillas mecedoras, entre tanto ven los noticiarios, ven pasar a los heridos y guardan un silencio, cuando no pusilánime, cómplice con represión. Se hacen indiferentes y ligeros emitiendo juicios de condena en contra de esos manifestantes y omiten considerar todo factor o elemento que los legitime en sus luchas o que los exima en su actuar o comportamiento. La violencia genera violencia; el ataque genera el contraataque. Son verdades irrefutables.
En toda manifestación social, sea sindical o espontánea del pueblo panameño (caso las manifestaciones en la lucha contra la minera), suelen jugar o intervenir los correlatos de los poderes e intereses y cuando no se adoptan partidos, ya sea para hacerse para un lado o de ponerse a favor de un lado u otro, dependiendo de esos intereses en juego.
Por lo que repeler las manifestaciones argumentando que para evitar el cierre o tranques de vías o carreteras, hay que desalojarlos a la fuerza y empleando métodos violentos, no nos parece justificante y menos si, previamente, no se agota el diálogo y el respeto. La idea es esta: Si al Gobierno le convienen los cierres de vías, no hay problema, pero si al Gobierno no le convienen los cierres de vías, entonces hay problema. Esto último aplica a la oposición férrea y decente que los gremios médicos y sindicatos, organizaciones sociales, etc., han planteado al Proyecto de Ley 163 que busca modificar, sin consensos, la ley orgánica del Seguro Social. Todo el que se opone a dicho proyecto es un enemigo. Psicológicamente, el gobierno ve a quienes contradicen dicho proyecto como un enemigo a batir. Y es ese el escenario en que debe analizarse la situación de la violencia generada y los vedados juicios penales que ha anunciado ya el primer mandatario de la nación en contra de los manifestantes. Tristemente, las televisoras solo sacan un segmento de las manifestaciones y de la reacción de los manifestantes, pero, ojalá, se atrevan a sacar todo lo que realmente sucedió, porque, de seguro, el pueblo panameño todo, en general, viendo lo que sucedió, estará al lado de esos valientes hombres que se manifestaban. Que si se lanzaron bloques, que usaron bienes del Estado, que esto y lo otro, miren, préstese mucha atención, y es que, cuando la violencia institucional emerge, tristemente, toda reacción social o sindical tiene que ser analizada en la vorágine o escenario de ese síndrome nefasto de la violencia institucional, que no podemos, por nada, permitirla ni legitimarla. Con ello, también quede claro, somos enemigos declarados de la violencia. Somos amantes del dialogo y de la paz. Pero es el gobierno quien, siempre, en todo momento, debe propiciarlas y no negarlas. Un gobierno sin oídos que demuestra sordera frente a las voces de los líderes y dirigentes de una sociedad está condenado al fracaso político y al cadalso social.
Sería justo reconocer que los trabajadores de la construcción, sus dirigentes, lo mismo que los educadores y gremios médicos, son los que ponen el pecho, para encarar o frenar los desafueros de las cabezas y de los clanes de la rancia oligarquía de este país y gobiernos, tras gobiernos, sin excluir al presente, que son confesos de un manifiesto contubernio con la empresa privada. Contubernio que no sería censurable sino merced a que en ese connubium dejan por fuera a los sectores populares y a sus líderes y desatan en contra de ellos las medidas y represiones más drásticas.
Imaginemos qué sucederá en nuestro país, si el gobierno y las élites del poder económico, salen airosos de estas coyunturas, como las señaladas ab initio: Entregan la dignidad y la soberanía nacional y, por otra parte, privatizan al Seguro Social. Eso equivale o se traduce en una gobernabilidad como la vivida en los tiempos de la patria boba, es decir, del dominio pleno de la oligarquía sobre el resto de la sociedad, dominio que militará, siempre, en contra y claro perjuicio de las grandes mayorías nacionales.
No podemos dejar de reconocer el carácter progresista y democrático que connota a las acciones del movimiento popular y sindical panameño, y menos el protagonismo de las organizaciones que vienen haciendo frente a los ademanes y desafueros del poder político, y que las acciones de ese movimiento sindical y popular no reflejan otra cosa que procurar revertir ese estado negativo de cosas.
Es claro entonces que no podemos perdernos en el bosque y al final de cuentas, no interpretando correctamente el movimiento sindical y popular panameño, terminemos siendo coautores de un estado de complicidad y conformismo que no hace ni hará otra cosa que legitimar las atrocidades de la rancia oligarquía panameña y de este modo, tristemente, quedemos y estemos llevando agua a esos molinos en donde los conceptos de sindicalismo, justicia social, justicia distributiva, etc., no sean más que cantos de sirenas propios de un pueblo que no desea otra cosa que vivir dignamente y en paz y en desarrollo, sí, sin atropellos ni que se diezmen sus condiciones dignas de vida.
Como bien lo dice William Shakespeare boca de Hamlet: Ser o no ser, ese es el dilema (Hamlet, Acto, Escena Primera). ¡Dios bendiga a la Patria!