Camacho niega trabas; AN evalúa la creación de una comisión ‘Ad Hoc’ para discutir proyectos anticorrupción

El diputado Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno, salió al paso de las críticas que ha generado la discusión de los proyectos anticorrupción presentados ante la Asamblea Nacional por el procurador Luis Gómez Rudy, aclarando que no está obstaculizando su análisis, al contrario, espera la emisión de conceptos de las entidades involucradas para que continúen su curso como cualquier otra iniciativa. 

“A mí me gusta hacer las cosas bien, para ello, uno tiene que actuar en razón de los procedimientos (…), sencillamente hay un trámite que hay que respetar”, dijo. 

Señaló que muchos proyectos se estancan en segundo debate debido a la falta de consulta, por ello, la Comisión esperará hasta que lleguen las emisiones de concepto de alguna de las instituciones para iniciar con el primer debate.

Camacho mencionó que, aunque el mandatario José Raúl Mulino manifestó que tiene dudas sobre las iniciativas, mientras no sean retiradas por su proponente, seguirán el procedimiento establecido. 

En este sentido, la bancada independiente Seguimos, compuesta por los diputados Ernesto Cedeño, Grace Hernández y Betserai Richards, solicitó al presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, la creación de una comisión adicional para agilizar su discusión. 

Cedeño indicó que el reglamento del Órgano Legislativo permite la instalación de un grupo de trabajo ‘Ad Hoc’, conformado por seis diputados, para analizar los dos proyectos y remitir un informe al pleno. 

Por su parte, Herrera explicó que se encuentra estudiando la viabilidad legal de crear una comisión de este tipo para evaluar los documentos presentados el pasado mes de julio con el objetivo de reducir los casos de corrupción en el país. 

“Si existe la viabilidad, nosotros no tenemos temor de que se discuta ningún tipo de ley en la Asamblea”, afirmó. 

El procurador, en su presentación ante el pleno, indicó que ambas iniciativas buscan incorporar técnicas especiales de investigaciones para combatir el flagelo de la corrupción a través de un marco jurídico moderno, integral y especializado. 

Además, se propone un incremento de las penas para garantizar que haya certeza de castigo en los delitos que atentan contra los intereses y patrimonios estatales.

Las iniciativas también refuerzan la labor del Ministerio Público (MP), permitiéndole a los fiscales realizar investigaciones patrimoniales, clasificar causas como complejas, aprehender de manera provisional los bienes de los implicados y mantener la reserva del sumario hasta por 30 días.   

Subrayó que estas propuestas harán que la legislación penal vaya acorde a los estándares internacionales, fortaleciendo la respuesta del Estado ante conductas que afectan la legitimidad institucional, justicia social y el desarrollo económico del país.

Las actuaciones del MP en casos de alto perfil y afectaciones patrimoniales han sido muy cuestionadas en los últimos días.