Panamá
La provincia de Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé serán los primeros puntos que visitarán los diputados para escuchar a los ciudadanos.
En esta semana que viene concluyen las consultas en la capital. Foto: Cortesía Asamblea
Las consultas acerca de las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) en el interior del país ya tienen fecha de inicio, la cual será el miércoles 11 de diciembre, en Chiriquí, informó el diputado Alaín Cedeño.
La próxima semana se definirá la metodología de como se realizarán las consultas en las otras provincias y comarcas, precisó Cedeño, que preside la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, en la que el proyecto 163 debe recibir primer debate.
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Al igual que ha ocurrido en la capital, se abrirá la agenda para que los ciudadanos puedan participar y en los siguientes días se divulgará la forma en que se pueden inscribir para participar en las consultas.
Luego de Chiriquí, la comisión se trasladaría a la comarca Ngäbe Buglé, según los primeros datos de la gira nacional.
Al conocerse esta fecha, todo indica que la semana que viene, del 2 al 6 de diciembre, debe culminar la fase de consultas en la capital, la que se desarrolla en al auditorio Carlos Alvarado de la Asamblea.
Las sesiones extraordinarias para debatir el proyecto No. 163 están fijadas hasta el 31 de diciembre y ya existen diputados que piensan que el tiempo no dará para decidir sobre las reformas, por lo que podrían ser llevadas a la segunda legislatura, que inicia el 2 de enero.
Sin embargo, la visión del presidente José Raúl Mulino es que se aprueben en el tiempo definido y aunque reconoce que se le pueden realizar modificaciones, lo cierto es que no quiere que esta discusión se extienda más de lo debido.
Su argumento es que el tiempo apremia y si no se hace nada, desde el próximo año, los actuales jubilados y pensionados estarían recibiendo menos dinero del que le corresponde.
La propuesta gubernamental crea un nuevo modelo de pensiones de capitalización individual pero con garantía solidaria, con un importante aporte anual del Estado, superior a los mil millones de dólares, para poder darle sostenibilidad al sistema.
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