Demandarán contrato con Banapiña

Unas 800 personas que invadieron 1,132 hectáreas del Estado en las antiguas fincas bananeras en el distrito del Barú, provincia de Chiriquí, presentarán mediante la Alianza Estratégica Nacional una demanda de inconstitucionalidad contra el contrato firmado en mayo entre el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y los representantes de la empresa Banapiña de Panamá S.A., filial de la transnacional Del Monte.

Gisela Pérez Polo, coordinadora de la Alianza Estratégica Nacional, aseveró ayer que hay suficientes vicios en el contrato suscrito. Según Polo, el contrato viola derechos sindicales de los trabajadores, concesiona recursos acuíferos que no deben otorgarse como se realizó y se le considera, además, como leonino, al cobrar un dólar por año por el uso del agua por hectárea.

Marcos Banegas, de la Cooperativa Roberto Aguilar Delgado, que tiene 32 productores dentro de las tierras del Estado, señaló que solicitan al Gobierno que se les adjudiquen los terrenos que trabajan desde hace años o se les indemnice por los cultivos.