PANAMÁ
Los primeros en levantar su voz fueron precisamente los estudiantes del INA, quienes en un primer intento incluso decretaron un paro como medida de presión.
Los sectores que se oponen consideran que la ubicación del futuro centro penitenciario podría representar riesgo social y afectar la misión educativa de una de las instituciones agropecuarias más emblemáticas del país. Foto. Melquíades Vásquez
Como una verdadera “bomba a punto de explotar” califican diversos sectores el polémico traspaso de aproximadamente 45 hectáreas de terreno que por más de 70 años han sido utilizadas por el Instituto Nacional de Agricultura (INA) y que ahora pasarían al Ministerio de Gobierno para el desarrollo de un proyecto de mega cárcel en el área de Divisa, a pocos metros de la vía Panamericana.
La situación ha generado preocupación. Así lo dio a conocer el estudiante del INA, Teodoro Ávila, quien indicó que existe incertidumbre y un creciente rechazo, principalmente entre estudiantes, egresados y residentes de comunidades cercanas.
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Los sectores que se oponen consideran que la ubicación del futuro centro penitenciario podría representar riesgo social y afectar la misión educativa de una de las instituciones agropecuarias más emblemáticas del país.
Los primeros en levantar su voz fueron precisamente los estudiantes del INA, quienes en un primer intento incluso decretaron un paro de labores como medida de presión para exigir explicaciones claras a las autoridades sobre el futuro de estas tierras y las implicaciones del proyecto penitenciario.
Los jóvenes estudiantes y egresados, según explicó Aníbal Benavides, sostienen que los terrenos han sido utilizados históricamente para prácticas agrícolas, producción y enseñanza técnica, fundamentales para la formación de cientos de estudiantes que cada año salen preparados para contribuir al desarrollo agropecuario nacional.
A esta preocupación también se sumó la Asociación de Egresados del Instituto Nacional de Agricultura, cuyos miembros consideran que el posible traspaso representa una amenaza para el legado histórico y educativo de la institución, respaldando cualquier acción que emprendan estudiantes, habitantes y padres de familia en defensa de ese patrimonio.
Según expresaron algunos egresados en un comunicado, aunque reconocen la necesidad de fortalecer el sistema penitenciario del país, no consideran prudente desarrollar una mega cárcel en terrenos destinados a la educación y tan cerca de comunidades, escuelas y zonas pobladas.
“Tal vez sea necesaria una cárcel moderna para provincias centrales, pero no a costa de tierras educativas que durante décadas han servido para formar profesionales y técnicos para el país”, señalaron algunos de los consultados.
El proyecto, que estaría ubicado a poco más de 200 metros de la vía Panamericana en Divisa, también comienza a generar inquietud entre residentes de sectores aledaños, quienes aseguran que hasta el momento no han recibido suficiente información sobre el impacto que podría traer una infraestructura de esta magnitud.
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