La Asamblea Nacional crea el Sistema de Acogimiento Familiar para evitar que menores sean enviados a albergues
El proyecto, que fue presentado por la diputada oficialista Zulay Rodríguez, debe recibir la sanción del presidente Laurentino Cortizo para convertirse en Ley de la República.
Aprobación del proyecto en el pleno de la Asamblea Nacional.
En medio del escándalo de abusos a menores de edad en albergues, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó, en tercer debate, un proyecto de ley que crea y regula el Sistema de Acogimiento como medida de protección, de carácter temporal, para niños y adolescentes privados del cuidado parental.
La propuesta fue presentada por la diputada oficialista Zulay Rodríguez y busca que los niños sean acogidos en un entorno adecuado, preferentemente a sus familias, en primer lugar, propios o extensivas, y que se fomente ese contacto.
La norma establece que todos los hogares institucionales que presten servicios dirigidos a personas hasta los 18 años en el ámbito de protección, deberán estar siempre habilitados y bajo la supervisión y evaluación periódicas de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), para el cumplimiento de los derechos de niños y adolescentes que albergan.
Los interesados en ser familias acogentes solidarias o amigas deberán aportar un certificado de culminación del Programa para la Familia Acogentes, emitido por la Senniaf, una vez complete y apruebe su formación.
Sin embargo, no podrán incluirse en el Sistema de Acogimiento familiar las personas que hayan sido condenadas por delitos dolosos, personas jurídicas y los funcionarios de la Senniaf, Órgano Judicial, Ministerio Público y profesionales que hayan intervenido.
La diputada Rodríguez, junto a los miembros de la Comisión de la Mujer, La Niñez, la Juventud y la Familia, presentaron ante el Ministerio Público una denuncia por maltratos y abusos en niños, de al menos, 14 albergues que eran subsidiados por la Senniaf.
Un informe elaborado por esa comisión, con más de 700 páginas, determinó maltratos, abuso sexual a niños con discapacidad e incluso recibían comida de perros como alimento.
Los albergues en Panamá están administrados por ONG y fundaciones, pero están bajo la supervisión del Estado a través de la Senniaf, que en su junta directiva tiene a las carteras de Desarrollo Social, Salud, Educación, Trabajo, Economía y la Controlaría, y en muchos casos se les otorga fondos públicos.
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Estos hechos han levantado protestas contra la Senniaf y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) al ser vistas como principales responsables, e incluso contra el presidente de la República, Laurentino Cortizo, muy criticado por sectores políticos y sociales por su "tardía" e "insuficiente" reacción.
Una semana después de presentado el informe parlamentario, Cortizo hizo unas escuetas declaraciones grabadas y televisadas exigiendo máximo castigo para los responsables, e instruyó al Senniaf y al Mides a construirse como querellantes en el proceso judicial, una decisión que ha incrementado la indignación social.