En el país de una de las economías más estables de América Latina y en donde las autoridades de turno hacen alarde de haber destinado más de 6,000 millones de dólares a la educación en los últimos cuatro años, no se explica cómo persistan más de 800 aulas rancho en distintos sectores, condenando a sus estudiantes a ser ciudadanos de segunda categoría.

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Cuando inició este gobierno, en 2014, el presidente Juan Carlos Varela prometió destinar cerca de $300 millones para eliminar por completo las vergonzosas aulas rancho.

Pero en la recta final de su gestión, solo se erradicó el 59%, según el informe de rendición de cuentas del Ministerio de Educación (Meduca), presentado a inicios de febrero.

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El 90% de las aulas rancho están en la comarca Ngäbe-Buglé. Pero también persisten en áreas rurales de Coclé, el litoral Caribe de Colón y en el norte de Veraguas.

"Este Gobierno fracasó. Prometió erradicar 1,000 aulas rancho, pero siguen funcionando más de 800", denunció Armando Espinoza, de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (Amia).

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Por su parte, el maestro Luis Chávez (9 años laborando en aula rancho) dice que esto afecta directamente el proceso educativo.

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Relató que en el plantel de Tururi, en Kankintú, al norte de Bocas del Toro, hay alumnos que caminan hasta 4 horas para llegar a la escuela, donde son recibidos por aulas rancho sin sillas, con butacas de madera rústica que no ofrecen ningún tipo de motivación para el aprendizaje.

"¿Cómo van a rendir 37 estudiantes apiñados en un salón con estas condiciones, sentados en duros tablones y agotados del camino?", se cuestionó.