En el país de una de las economías más estables de América Latina y en donde las autoridades de turno hacen alarde de haber destinado más de 6,000 millones de dólares a la educación en los últimos cuatro años, no se explica cómo persistan más de 800 aulas rancho en distintos sectores, condenando a sus estudiantes a ser ciudadanos de segunda categoría.

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Cuando inició este gobierno, en 2014, el presidente Juan Carlos Varela prometió destinar cerca de $300 millones para eliminar por completo las vergonzosas aulas rancho.

Pero en la recta final de su gestión, solo se erradicó el 59%, según el informe de rendición de cuentas del Ministerio de Educación (Meduca), presentado a inicios de febrero.

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El 90% de las aulas rancho están en la comarca Ngäbe-Buglé. Pero también persisten en áreas rurales de Coclé, el litoral Caribe de Colón y en el norte de Veraguas.

"Este Gobierno fracasó. Prometió erradicar 1,000 aulas rancho, pero siguen funcionando más de 800", denunció Armando Espinoza, de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (Amia).

Por su parte, el maestro Luis Chávez (9 años laborando en aula rancho) dice que esto afecta directamente el proceso educativo.

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Relató que en el plantel de Tururi, en Kankintú, al norte de Bocas del Toro, hay alumnos que caminan hasta 4 horas para llegar a la escuela, donde son recibidos por aulas rancho sin sillas, con butacas de madera rústica que no ofrecen ningún tipo de motivación para el aprendizaje.

"¿Cómo van a rendir 37 estudiantes apiñados en un salón con estas condiciones, sentados en duros tablones y agotados del camino?", se cuestionó.