AN estaría violando la Constitución Política
Diversos sectores coincidieron en que la Asamblea Nacional no ha jugado su rol de conocer una denuncia contra el presidente Juan C. Varela.
La Asamblea hasta el momento solo ha recibido, por medio de secretaría general, la denuncia de Luis Eduardo Camacho contra Varela. Víctor Arosemena
La Asamblea Nacional (AN) estaría violando el artículo 160 de la Constitución Política de Panamá, en el cual se establecen las responsabilidades de este órgano del Estado, de no iniciar una investigación contra el presidente de la República, Juan Carlos Varela.
Así plantearon juristas y conocedores del derecho, quienes recordaron que no existe ningún otro ente capacitado para esta función.
El artículo en mención establece que "es función judicial de la Asamblea Nacional conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten contra el presidente de la República... y juzgarlo, si a ello diere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público...".
El primer paso lo debería dar la Comisión de Credenciales, que tendría la responsabilidad de admitir o rechazar la denuncia por la supuesta intervención del presidente de la República, Juan Carlos Varela, en el Órgano Judicial, y haber recibido donaciones para su campaña de la empresa constructora Odebrecht y otras empresas involucradas en escándalos.
En este sentido, el abogado Neftalí Jaén planteó que el artículo 160 de la Constitución Política de Panamá es muy claro en señalar la responsabilidad del Órgano Legislativo.
Incluso, Jaén hace alusión a que "el artículo 191 de la Constitución establece las tres causales de responsabilidad del presidente y vicepresidente de la República", para ser investigados.
La primera de ellas sería por "extralimitación de sus funciones constitucionales", y la segunda por "obstaculizar el ejercicio de las funciones de la Asamblea o de los demás organismos o autoridades públicas que establece la Constitución".
Al comprobarse uno de esto delitos, la norma señala que "la pena será de destitución y de inhabilitación para ejercer cargo público por el término que fije la ley".
Ante esto, diversos sectores han pedido al Legislativo cumplir sus funciones y atender la declaración del exasesor presidencial, Ramón Fonseca Mora, quien ha asegurado tener pruebas de que existen llamadas telefónicas del Ejecutivo al Órgano Judicial, lo que sería una clara intervención en sus funciones.
No obstante, dentro de los encargados de hacer cumplir este mandato constitucional hay diputados y colaboradores de la administración del presidente Varela que no estarían de acuerdo con que se investigue al presidente.
Entre ellos, la independiente Ana Matilde Gómez, quien no estaría a favor de que se realice un juicio hacia el presidente.
"Yo no quisiera que el país sea sometido a un juicio político del presidente de la República", dijo Gómez.
Incluso, tras comprobarse que algunos diputados están inmersos en el escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht.
Estaría el caso del diputado Jorge Alberto Rosas, quien a juicio de su colega la perredista Zulay Rodríguez, "debe declararse impedido para investigar al presidente Varela, porque él también está siendo señalado de recibir fondos de la empresa Odebrecht".
Ello, por su vínculo con la firma de abogados Rosas & Rosas, la cual según investigaciones judiciales, habría recibido cerca de $1.4 millones en transacciones de Constructora Internacional del Sur, de la empresa brasileña Odebrecht.
Anoche, Rosas reconoció que mantuvo una relación comercial con la citada constructora y que recibió dinero por trabajos legales.
En tanto, gremios de trabajadores y sectores cívicos marcharon ayer, en horas de la tarde, hacia la Asamblea Nacional, gritando consignas para exigir la intervención del Órgano Legislativo sobre el caso de corrupción que involucra a los allegados del Gobierno.
El veterano político Jorge Gamboa Arosemena apeló a un movimiento popular en las calles para buscar un cambio en las políticas del Gobierno.
El panameñista dijo en NEXtv que lo que se ha dado en Panamá, y sobretodo las declaraciones de Fonseca Mora, han atomizado los intereses.
Y es que mientras en Panamá existe un retraso en las investigaciones judiciales, ayer 11 fiscales de diversos países afectados por el escándalo asistieron a una reunión por el caso del pago de sobornos de Odebrecht en Brasilia, capital de Brasil.
A nivel internacional, "las investigaciones iniciadas en Brasil han generado una orden de captura contra el expresidente peruano Alejandro Toledo, y salpicado a los actuales mandatarios de Panamá, Juan C. Varela, y de Colombia, Juan Manuel Santos".