Porcell y sus fiscales asumirían los abusos

Las arbitrariedades cometidas por el Ministerio Público (MP) contra empresarios y exfuncionarios podrían acarrearles consecuencias a la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, y los fiscales.

Ello debido a la postura adoptada por el presidente Juan Carlos Varela de desligarse de las decisiones de esta entidad.

En este sentido, el analista político Juan Carlos Tapia advirtió a la procuradora Porcell sobre las actuaciones de sus fiscales y las posibles repercusiones.

"Señora procuradora, usted va a ser la única responsable de violar las garantías procesales; al decir el presidente Juan Carlos Varela que esto es el Ministerio Público, le está echando la culpa a usted sola".

Agregó que se ha estado "perdiendo tiempo persiguiendo y violando garantías, a que se resuelvan los fallos. Hagan los juicios, yo no conozco todavía ningún juicio", dijo Tapia.

"Usted cree que es justo sacar a un banquero del banco arrestado para una indagatoria. Señora procuradora, usted sabe cuál es el proceso, cite con su abogado y si no viene, mándelo a buscar; eso es venganza. Procuradora, le están metiendo a usted los muertos, y a los fiscales. ¿Está dispuesta a pagar el precio? La medida cautelar se hace de la menor a la mayor, pero hay la percepción de la venganza. Se le van a caer todos los juicios", subrayó.

El abogado y exprocurador Rogelio Cruz señaló que la aplicación de las medidas preventivas no es de ahora, pero en este periodo se han hecho más evidentes. Según el jurista, el Ministerio Público ha abusado de la detención preventiva hasta el punto de que más del 65% de los presos en las cárceles son personas sin condenas.

Y es que existe evidencia de los abusos cometidos por el Ministerio Público con la imposición de detenciones preventivas a exfuncionarios y empresarios vinculados con supuestos actos de corrupción.

Ejemplo de esto es la actuación de la fiscal primera anticorrupción, Tania Sterling, quien solicitó una medida cautelar de arresto preventivo contra cinco exdirectivos de la Caja de Ahorros, entre ellos, el presidente del canal NEXtv, Riccardo Francolini.

Y es que la aplicación de esta medida cautelar es la más severa de su rango, lo que sería una muestra de las violaciones a las garantías de las personas que son procesadas, denunció la defensa del empresario.

Por su parte, el fiscal auxiliar, Marcelino Aguilar, quien actuó contra Alejandro Garuz y Gustavo Pérez por el caso de supuestas escuchas telefónicas, negó una petición de cambio de medida de arresto preventivo por domiciliario.

Sin embargo, en este caso, el juez decimosexto, Ernesto Pérez, debió pronunciarse para ordenar el cambio de medida cautelar.

También con una fianza de excarcelación a favor de la exministra de Trabajo y presidenta encargada de Cambio Democrático (CD), Alma Cortés, que reveló la persecución política en su contra, tras una orden de arresto domiciliario dictada por Aurelio Vásquez, fiscal sexto anticorrupción, donde el Tribunal Segundo de Justicia intervino.

Incluso la fiscal tercera anticorrupción, Zuleyka Moore, cuando, actuando en "desafío", retuvo un expediente en el caso de radares, pese a haber un mandato de un juez.