Goddard se refirió específicamente al tema del seguro social, ya que muchos artistas nacionales, según el presidente de la Unión Panameña de Profesionales de las Artes, no se les brinda la oportunidad de contar con este beneficio.
El 20 de septiembre de este año, dos ciclistas perdieron la vida tras ser atropellados.
El Seguro Social "le pertenece a los asegurados y en principio ya han pagado por los servicios que reciben porque tienen un sistema que es prepago", argumentó el doctor Enrique Lau Cortés.
El exdirector de la Policía, Ebrahim Asvat, indicó que para que el uso de los drones tenga la efectividad buscada, estos deben estar conectados a un sistema sofisticado de cámaras, mejor que el actual.
Según señala Javier Ortega, él tiene sus papeles firmados. "Si yo no entrego ese documento a la Asamblea no me pueden incluir en planilla porque habría dualidad de funciones", precisó tras señalar que fue hace uno o dos meses que se dio cuenta que estaba devengando salario de ambas instituciones.
Guillermo Cortés de la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados expresó que el Ministerio de Salud debería encargarse de la población no asegurada.
La diputada Mayín Correa llevó adelante el programa de recolección de armas por comida o medicinas cuando era gobernadora y alcaldesa de la ciudad de Panamá.
La Contraloría General de la República reiteró a la población que el resultado de la auditoría se hará público, así como el listado de los 1.751 funcionarios nombrados en la planilla 172 por un monto de 8 millones de dólares, sus salarios y periodo de contratación.
La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social aprobó en primer debate el proyecto que garantiza atención médica, con un enfoque interdisciplinario y adopta normas de protección laboral.
La propuesta consta de cinco artículos y debería entrar a regir un día después de su promulgación en la Gaceta Oficial.
El proyecto fue aprobado en tercer debate y ahora espera la sanción del presidente de la República.
Los diputados recomiendan al Ejecutivo atender las necesidades de instituciones de tienen un impacto social y que requieren mayores recursos, en medio de la situación social y económica que vive el país producto de la pandemia de la COVID-19
El contralor explicó que la auditoría es para verificar si los funcionarios trabajan o no, aunque ya anteriormente establecieron una serie de normas para garantizar que sí trabajen.
En esta fase del control previo se verifica la asignación presupuestaria y los requerimientos que disponen las normas vigentes para este tipo de contratación.
La sustentación de las partidas que se realizaron en la Comisión de Presupuesto, permitirá al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), impulsar programas sociales a beneficios de las poblaciones más vulnerables del país.
En su justificación, Castillero indicó que en medio de la pandemia presentaron varios anteproyectos de ley, a los cuales se les dio los tres debates en la Asamblea Nacional y fueron sancionados por el presidente Laurentino Cortizo.
Este proyecto de ley, impulsado por la diputada de Cambio Democrático, Mayín Correa, tenía como objetivo sancionar a los funcionarios que, permitan el deterioro significativo, el abandono, la destrucción o el encarecimiento de una obra.
La propuesta fue presentada por el diputado oficialista Ricardo Torres.
El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Agropecuarios que preside el diputado Eric Broce.
A los trabajadores de las empresas descritas en el proyecto de ley, se les pagaría con un recargo del 50% y, como compensación adicional, se transferirá dicho descanso a los días martes y miércoles.
