La Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia recibirá hasta el 7 de octubre todos los comentarios u observaciones que a bien se tengan manifestar, sobre los aspirantes al cargo de Magistrado (a) del Tribunal Electoral.
La investigación, en Panamá, concluyó el 14 de octubre de 2020. En lo que toca a nuestro país, Odebrecht, supuestamente los sobornos alcanzaron una cifra que alcanza los 50 millones de dólares y ello, supuestamente, se dio en el período 2009-2014. En el 2017 los directivos de la constructora y el Ministerio Público de Panamá firmaron un acuerdo de colaboración eficaz, y acordaron pagar una multa de 220 millones de dólares a la empresa en un plazo de 12 años.
Para el abogado Roniel Ortiz, esto significa que había una providencia indagatoria que fue sustraída del expediente.
El abogado Alfredo Vallarino, considera que en este caso hay muchos elementos que causan nulidades del proceso, y ya se lo advirtieron a la jueza Baloisa Marquínez.
La abogada Sherley Castañeda, en representación de Ricardo Martinelli, presentó una querella penal contra la juez Baolisa Marquínez.
Según Vallarino, el magistrado José Ho, ordenó que todas las personas involucradas en el caso sean puestas a sus órdenes.
El abogado Alfredo Vallarino hizo la salvedad de que si un funcionario está recusado no puede ni siquiera tocar el expediente.
Sidney Sittón, miembro del equipo de defensa de Martinelli, indicó que para la Fiscalía, en ese momento (2017), era público y notorio que el exmandatario era diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
A diferencia de los gobiernos borregos que, sumisamente, aceptaban las directrices de la OMS cual sentencia de una suprema corte y, complacientemente, con los organismos regionales, se sometían a todas las directrices, no blandiendo, en ningún momento, argumento encaminado a la defensa de nuestra soberanía y dignidad nacional.
Roniel Ortiz dijo que este proyecto atenta contra los derechos de defensa, las garantías, el debido proceso y la presunción de inocencia de todas las personas detenidas.
Este fin de semana se realizaron elecciones para escoger directivas de congresos regional, con la participación de delegados, figura que a criterio de los demandantes, no existe en las leyes de la comarca.
Ayer, la magistrada María Eugenia López, acudió a la Asamblea Nacional a presentar una iniciativa de ley que busca eliminar el derecho de ir a casación, en los delitos que tengan penas menores de cinco años de prisión y evitó hablar con los medios de comunicación.
Pena es decirlo, pero de cada cien casos, si un mínimo de 10 son resueltos favorablemente al accionante o al recurrente, es decir mucho. Casi todo es rechazado de plano y las fórmulas son siempre las mismas: "No admite", "No casa", "Niega la revisión", "No accede", "NO acoge", etc. Es decir, la mayor parte de las acciones de inconstitucionalidad, de los amparos de garantías constitucionales, de los recursos de revisión y de casación, son negados.
Los propietarios de estos locales dijeron que el acuerdo a que habían llegado con el Gobierno no se ha cumplido y, además de la crisis económica por la que pasan, se están quedando sin medicinas.
Las audiencias de cumplimiento, control, garantías, afectación de derechos y otras, actualmente se siguen ejecutando de manera virtual, según indicó una fuente judicial a este medio.
En medio del cataclismo perverso que vive la justicia penal en Panamá, estas reglas, juntos a las Reglas de Mandela, las Reglas de Tokio, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, etc., devienen en postulados basales para mejorar la imagen de Panamá, a nivel nacional e internacional, en lo que respecta al forma o manera de cómo tratamos a la población penitenciaria.
El 80% de los encuestados evaluó negativamente a la Corte Suprema, al señalar que tiene poco o nada de credibilidad, según reveló la encuesta realizada por Gallup Panamá.
Para el jurista Carlos Carrillo se trata del primer paso para ajustar el proceso de expulsión y revocatoria de mandato a principios fundamentales del debido proceso y las garantías que tienen los 15 diputados.
El problema básico se encuentra en un sistema electoral corrupto, basado en el Código Electoral administrado por la cúpula del Tribunal Electoral, cuya finalidad no es promover una verdadera democracia, sino asegurar que el control del país siga en manos de los sectores económicamente dominantes, así como de la partidocracia que recibe "donaciones" de estos sectores.
Afirmó el jurista que: “El señor Macea Alonso fue capturado en el área común del edificio, sin posesión ni tenencia física de droga alguna”.
