Denuncian intimidación legal en allanamiento a oficina de Alma Cortés

Funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) allanaron, ayer en la mañana, las oficinas de la jurista y exministra de Trabajo Alma Cortés, a quien solicitaron registros contables y la lista de clientes desde 2012 hasta 2014, según confirmó la propia abogada.

Pero Cortés precisó la firma de abogados a la que ella pertenece "ha presentado todas las declaraciones de renta de forma oportuna".

Y agregó que desde su salida como titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), "no me han encontrado un solo acto de corrupción".

Coacción

La dirigente política calificó la acción ejecutada ayer por la DIG como una persecución por parte del presidente de la República, Juan Carlos Varela. "Él (Varela) quiere acabar con Cambio Democrático (CD)", afirmó.

Y el equipo de abogados del expresidente Ricardo Martinelli (al que también pertenece Alma Cortés) denunció esto como "claras represalias" por parte del Gobierno, en " flagrante violación" al ejercicio de la abogacía.

"Están utilizando este mecanismo de presión indebido, con auditores de la DGI, para intimidar, amenazar, coaccionar, presionar... y por último, propiciar que alguno de los abogados de Martinelli se retire", denunció el abogado Alejandro Pérez.

"Pero no lo van a lograr. No les tenemos miedo ni a Varela ni a su gobierno. Y seguiremos denunciando la justicia selectiva que están imponiendo en el país y todas sus arbitrariedades", manifestó Pérez.

Sistemático

De esta forma, la abogada Alma Cortés se convierte en la segunda figura del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli que es blanco de auditorías por parte de la DGI.

La semana pasada, personal de la DGI también fue enviado al abogado Sídney Sittón para notificarle que sería auditado.

Una segunda notificación precisó que se revisarían sus computadoras, lo que motivó un recurso de amparo de garantías, que todavía no ha sido admitido.

Ante este panorama, el equipo legal de Martinelli en Panamá denunció "claras represalias" por parte del gobierno de Varela, "lo que constituye una flagrante violación" al ejercicio de la abogacía.

"Exigimos el cese de las presiones dirigidas a afectar los procesos y condenamos las represalias que atentan contra el libre ejercicio de la profesión de abogado", pidió la defensa de Martinelli en una declaración oficial.

Y el propio exmandatario posteó ayer en su cuenta de Twitter: "En lo personal y en todas mis empresas, hemos sido auditados, siendo grandes pagadores de impuestos... Varela no perdona ser cuestionado".