Aprueban modificación a Ley de Contrataciones Públicas en Panamá
El asesor presidencial Gaspar Tarté explicó que entre las modificaciones está la promoción de la compra y adquisición de alimentos de producción nacional hasta 7 millones de dólares.
Consejo de Gabinete. Foto/Cortesía
El Gobierno de Laurentino Cortizo aprobó este miércoles 3 de julio el proyecto que modifica la Ley de Contrataciones Públicas, que incluye la inhabilitación de aquellas empresas que mantengan acuerdos de colaboración judicial y que hayan confesado delitos contra la administración pública.
La propuesta da prioridad a las empresas locales con el proyecto "Manos a la Obra" que implica rehabilitación, mantenimiento de la infraestructura pública a nivel local y el fortalecimiento de las empresas regionales, detalló el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge.
'Simplificar procesos, hacerlo transparente y atractivo para los inversionistas', así definió la propuesta de modificación de la Ley de Contrataciones Públicas el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.
"Esta ley mejora considerablemente los periodos de admisión, resolución, tanto en la Dirección General de Contrataciones Públicas como en el Tribunal de Contrataciones Públicas", coincidió el asesor presidencial Gaspar Tarté, quien sustentó la propuesta para modificar la ley de contrataciones públicas en el Consejo de Gabinete que se realizó hoy en el Instituto Nacional de Agricultura (INA), en Divisa, provincia de Herrera.
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Explica que entre las modificaciones están la promoción de la compra y adquisición de alimentos de producción nacional hasta 7 millones de dólares. Este monto también se aplicará en el caso de obras.
Se establecerá que habrá obras donde solamente participen empresas nacionales en actos públicos, tanto en municipios como en juntas comunales y que provengan de esas regiones.
Gaspar Tarté explicó, además, que las mejoras a la ley también incluye hacer ágil los procesos de actos públicos y que en las licitaciones se utilicen procesos tecnológicos para ahorrar el gasto en papel.
Otro aspecto de la propuesta es que las instituciones deberán verificar si los participantes están paz y salvo con el Estado. También incluye cambios en las comisiones evaluadores y se añade que los miembros de esta comisión no pueden ser funcionarios de la entidad licitante.
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