Continuidad en puertos garantizará la relevancia logística de Panamá

Dar continuidad a la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, tras quedar en firme el fallo de "inconstitucionalidad" de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el contrato de Panama Ports Company (PPC), según Alberto López Tom, especialista en derecho marítimo, es una decisión acertada para garantizar el posicionamiento logístico de Panamá, ya que no puede "darse el lujo" de reducir su capacidad debido a un conflicto interno.

Señaló que priorizar la labor portuaria es lo "mejor" que se ha hecho hasta el momento para proteger la relevancia del país a nivel regional, pero los resultados de que ambas terminales sean administradas temporalmente por el Estado a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) dependerán de que el proceso de transición sea expedito y sin mayores obstáculos.

El abogado sostiene que la concesión temporal de los puertos a dos empresas y no a una sola, como se había anunciado con anterioridad, no solo evitará la concentración económica entre los operadores portuarios, sino que también creará un ecosistema balanceado para todas las partes, enviando un mensaje positivo a quienes estén interesados en la futura licitación.

Destacó que los puertos de Balboa y Cristóbal serán administrados provisionalmente por los dos operadores navieros más grandes del mundo, que a su vez se han consolidado como los principales usuarios de estas terminales; por lo tanto, poseen la experiencia e idoneidad suficiente para operarlos.

"No creo que haya nadie en mejor posición de operar estos puertos temporalmente que ellos. A mí me parece positivo", aseveró a Panamá América.

López Tom considera que el plazo de 18 meses previsto por el Órgano Ejecutivo es más que suficiente para llevar a cabo una transición ordenada y definir el nuevo modelo de concesión permanente para ambos puertos de forma separada.

Luego de que el veredicto de la CSJ se publicó en Gaceta Oficial, el Ministerio de la Presidencia ordenó a la AMP asumir el control de todos los bienes ubicados dentro y fuera de las instalaciones de ambas terminales con el propósito de mantener la operación de las mismas.

Una decisión que el presidente José Raúl Mulino calificó de "legítima y excepcional", aclarando que serán utilizados hasta que se determine su valor real y se inicien las acciones correspondientes.

Agregó que se encuentra en conversaciones con expertos de diversos países interesados en apoyar con su capacidad y conocimiento el proceso de transición para reducir su impacto jurídico.

El Gobierno autorizó, a través del Consejo de Gabinete, a la AMP a suscribir dos contratos, uno con APM Terminals, que administrará el puerto de Balboa por 26.1 millones de dólares, y otro con TiL, de la compañía MSC, que asciende a $15.8 millones.

Ambas empresas se encargarán de la operación, mantenimiento y administración de las terminales por 1 año y 6 meses.

La compañía que, hasta ayer, operaba los puertos, cuestionó el actuar de las autoridades panameñas, afirmando que sus acciones son parte de una "campaña" en su contra.

PPC indicó que se reserva todos los derechos y recursos contra Panamá porque su toma fue ilegal y sin coordinación.