$25 millones, el recorte que sufrió la Procuraduría
El procurador quería establecer tres nuevas fiscalías para estar en congruencia con los juzgados recién creados por el Órgano Judicial.
Procurador Luis Gómez
Que a la Procuraduría General de la Nación le hayan recortado $25 millones en su presupuesto del 2026, significa para el jefe de esa institución Luis Gómez, "limitar su capacidad de garantizar justicia eficaz y oportuna a todos los panameños".
La reacción de Gómez se dio durante la sustentación de la vigencia fiscal de esa institución en la Comisión de Diputados. No obstante, el procurador puede respirar aliviado, ya que los padres de la patria se mostraron partidario de hacer lo necesario para mejorar las recomendaciones que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas.
Para el 2026 la Procuraduría había solicitado un presupuesto de $224,416.287, sin embargo quedó en $198.791.150.
Gómez dijo que él aspiraba a nuevas posiciones para nuevas fiscaliza y el reforzamiento del personal. Según el procurador se solicitó la creación de la Fiscalía Segunda Superior de Asociación Ilícita, mejor conocida como Fiscalía Antipandilla.
En Panamá solo existe una fiscalía con esa espacialidad, además de una circuital en Colón en un país en el que operan 180 pandillas entre núcleo y células.
Otra fiscalía que se quería implementar es la Tercera Especializada Contra la Delincuencia Organizada a la que quieren, según dijo, incorporar la atención de causas complejas que tengan ribetes de corrupción y criminalidad organizada.
"El Órgano Judicial creó nuevos juzgados y tribunales especializados y en ese sentido debe haber una correlación del parte del Ministerio Público de tener fiscalía que den respuesta y robustezcan las investigaciones más rápidas para ser presentada en los juzgados", dijo.
Asimismo, se pidió la creación de la Fiscalía de Cirberdelincuencia, que según Gómez está sustentada en la Ley 478 de 2025 que incorpora tipología y conductas que sean sancionadas penalmente.
"Debe existir una coherencia institucional entre adopción de una ley y tener fiscalía especializada en el combate de ese delito", añadió.
Añadió que en el presupuesto se pretendía hacer ajustes salariales a los sicólogos y trabajadores sociales, profesionales que Gómez calificó de gran importancia porque son los receptores de las víctimas a quienes acompañan, ya que estos "deben ir a juicio porque por regla general deben subir al estrado y enfrentar a la persona que la agredió".
Dijo que los sicólogos tienen ocho años de no recibir un aumento, los trabajos sociales 18.
¿Y Chiriquí?Gómez lamentó el recorte que recibió al proyecto para el diseño, desarrollo de planos y permisos en remodelación del edificio de la fiscalía regional e Chiriquí que fue afectada hace 10 años por un movimiento sísmico.
"El personal de esta unidad fue distribuido en tres edificaciones y el 60% está en el mercado de cadena de frío, instalación que no son adecuadas para la labor de la fiscal y recibir a las víctimas", expresó quien dijo que se solicitaron más de 200 mil dólares, pero le otorgaron 20 mil.
Recordó que Chiriquí es la tercera la provincia con mayor índice de criminalidad y por lo tanto las estructuras deben estar robustecidas.