Órgano Judicial reporta ejecución presupuestaria del 84% al cierre de agosto
El Órgano Judicial reportó un 84% de ejecución presupuestaria al 31 de agosto de 2026, alcanzando los B/.210.6 millones ejecutados según cifras oficiales.
Órgano Judicial reporta ejecución presupuestaria del 84% al cierre de agosto
El Órgano Judicial de Panamá defendió la eficiencia y transparencia de su gestión fiscal al reportar una ejecución presupuestaria del 84% al 31 de agosto de 2026, nivel que según la institución supera el ritmo previsto para este periodo del año.
De acuerdo con el informe oficial de la entidad, del presupuesto modificado total de B/.348,807,536, el monto asignado hasta la fecha fue de B/.249,318,555, del cual se han ejecutado efectivamente B/.210,621,511.
La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola, sostuvo que los indicadores reflejan un manejo riguroso de las partidas asignadas al sistema de justicia.
"Cada balboa confiado al Órgano Judicial se ejecuta con rigor y se convierte en servicio para la ciudadanía. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso: gestionar con eficiencia para que la justicia llegue a más panameños", enfatizó la magistrada Chen Stanziola.
El informe financiero institucional detalla la distribución del gasto en dos rubros principales:
Presupuesto de Funcionamiento (88% de ejecución): Registra un presupuesto modificado de B/.328,147,362. Del monto asignado para este periodo (B/.229,288,381), se han ejecutado $202,228,148.
La institución argumentó que estos fondos garantizan la continuidad de la atención al público, la administración de despachos judiciales, el pago de planilla y los servicios básicos en todo el país.
Mientras que en el presupuesto de Inversiones (42% de ejecución) presenta un presupuesto modificado de $20,660,174 y un asignado de $20,030,174. De este total, se han ejecutado $8,393,363.
La entidad precisó que este renglón se encuentra en crecimiento progresivo por la naturaleza de los proyectos de infraestructura judicial, tecnología y equipamiento de sedes.
La máxima instancia judicial concluyó que las cifras demuestran un equilibrio entre el sostenimiento de las operaciones diarias y los proyectos estratégicos de modernización.