Percepción de selectividad e impunidad en el sistema de justicia llega hasta el Ejecutivo
El presidente Mulino hizo énfasis en que los panameños necesitan y exigen respuestas de las autoridades competentes.
Procuraduría General de la Nación. Cortesía
Los destellos de impunidad y selectividad que perciben los panameños en quienes administran las instituciones de justicia en el país también han sido captados por el Órgano Ejecutivo que, aunque respeta y cree en la independencia de poderes, considera que los responsables de las inconsistencias encontradas al asumir el cargo deben enfrentar la ley sin excepciones, no pasearse sin ningún tipo de castigo.
"He sido muy respetuoso de estos temas, pero sí comparto el enorme sentimiento de impunidad y selectividad según el periodo de gobierno en el que actuaron esos funcionarios; todo debe ser investigado y juzgado a tiempo como la ley exige, sin abusos ni complicidades", advirtió el presidente José Raúl Mulino.
Dichas declaraciones guardan relación con lo ocurrido la semana pasada entre el contralor Anel Flores y el procurador Luis Gómez Rudy, cuando el primero irrumpió en una diligencia de la Fiscalía Anticorrupción relacionada con el caso de enriquecimiento ilícito del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, un comportamiento que derivó en una investigación penal contra Flores.
El mandatario señaló que ambos funcionarios son necesarios y tienen sus competencias "bien limitadas" en la Constitución y la ley; sin embargo, llama la atención que, al referirse a Flores, ponderó el número de auditorías y denuncias presentadas, cosa que no hizo con Gómez Rudy porque los supuestos implicados en el uso indebido de fondos públicos siguen libres "ni siquiera de fiscalía en fiscalía".
Mencionó incluso que quienes hoy defienden a Gómez Rudy, en su momento, cuestionaron su designación, haciendo hincapié en que el pueblo necesita respuestas de las autoridades competentes, no del Ejecutivo ni de su persona.
Reiteró que por su investidura no emitiría juicio al respecto, pero espera que ambos funcionarios puedan resolver sus diferencias en favor de los beneficios del Estado; así se los hizo saber por separado tras el incidente que, al igual que al resto de la población, lo "tomó por sorpresa".
Flores, según algunos diputados, excedió sus funciones; por ello, elaboraron un cuestionario de 11 preguntas y sometieron a votación su citación al pleno. Sin embargo, la moción no obtuvo el voto de la mayoría; lo mismo ocurrió con la cortesía de sala propuesta por el diputado Luis Eduardo Camacho.
El contralor, hasta la fecha, no se ha pronunciado al respecto, pero se conoció que las auditoras regresaron al Ministerio Público a rendir sus declaraciones respecto al caso Carrizo; el vicepresidente se mantiene bajo detención domiciliaria e impedimento de salida del país por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.