Presentan amparo de garantías contra decisión tomada por la jueza Baloisa Marquínez

El empresario  y exministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima, presentó un  amparo de garantías constitucionales, contra el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, que dirige la jueza Baloisa Marquínez.

Esta acción de amparo se da en contra del auto vario número   115, del 24 de septiembre de 2020,  emitido por el Juzgado Duodécimo de Circuito Penal (Actualmente Juzgado Tercero Liquidador) que dirigía  el juez Oscar Carrasquilla, con el cual negó un  Incidente de Nulidad Constitucional, promovido por De Lima a través del abogado  Roberto Ruiz Díaz. 

Este juzgado ahora a cargo de Marquínez, sin motivación, notificación personal o por edicto, ni trámite alguno, negó un recurso de apelación  contra el auto 115 que había negado el incidente de nulidad. Esto no le permitió al superior  examinar la actuación denunciada, consistente de actuaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción fuera de término para investigar dentro del caso Odebrecht.

 La defensa de De Lima indicó que ser objeto de una investigación, en la cual se realizaron actuaciones fuera del término legal, así como obtener información de entidades privadas y públicas, dictar medidas cautelares e incluso de detención provisional de personas, son situaciones que se deben corregir. 

La actuación de la jueza tercera liquidadora de causas penales viola el debido proceso y la tutela judicial efectiva al dejar en estado de indefensión al señor Frank de Lima, toda vez que mediante un  proveído (Resolución judicial) de mero trámite y sin sustento legal rechaza de plano la apelación presentada.

 Hay que recordar que los proveídos de mero trámite son para actuaciones internas del juzgado y no para determinar la viabilidad o no de un recurso, cómo según  la defensa de De Lima arbitrariamente  lo decidió la juez Marquínez.

El defensor dijo que prueba de ello es que en la verificación del cuadernillo, no existe ni constancia de notificación personal, ni edicto alguno en donde se haya notificado a la defensa de De Lima tal decisión.

Ruiz Díaz indicó que en múltiples ocasiones asistieron al Juzgado Tercero para conocer sobre la decisión de la apelación, que debió enviarse al Tribunal Superior, pero siempre se informó que el cuadernillo no se encontraba o supuestamente lo habían enviado. Sin embargo, ya habían resuelto la apelación.

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Ante esto, la defensa de De Lima solicitó al pleno de la Corte Suprema de Justicia, que  se decrete la nulidad constitucional de las resoluciones, autos, providencias, notas, solicitudes, toma de declaración,  órdenes de incautación, aprehensión de bienes o cuentas bancarias, allanamientos y cualquier otra actuación  hecha en contra del empresario Frank De Lima.

Recientemente, el abogado Ángel Calderón manifestó que Marquínez ha causado muchos desatinos jurídicos, que la Corte Suprema de Justicia  tendrá que enmendar. 

Estas quejas se dan producto de sus "desatinos a nivel jurídico",  puntualizó  el exfiscal del Ministerio Público de Panamá.

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