Justicia ratifica detención de Cristina Fernández como jefa de red de sobornos
Cristina Fernández, de 65 años, está protegida por fueros parlamentarios que le otorgan inmunidad de arresto y sólo perdería ese beneficio con dos tercios de los votos de los senadores, algo poco probable porque el peronismo opositor ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena firme.
Cristina Fernández desde que salió del Gobierno enfrenta varias dificultades judiciales.
Un tribunal confirmó este jueves el procesamiento con prisión preventiva de la expresidenta argentina Cristina Fernández como presunta líder de un sistema de recaudación ilegal de dinero a cambio de la adjudicación de obras públicas, aunque permanecerá en libertad por la inmunidad que le da su actual cargo de senadora.
La Cámara Federal de Buenos Aires avaló la acusación formal que dictó en septiembre el juez federal Claudio Bonadío contra Fernández (2007-2015) como supuesta jefa de una asociación ilícita y consideró que el detenido exministro de Planificación, Julio de Vido, también fue organizador de ese esquema recaudador de sobornos, informó la agencia oficial de noticias Télam.
Con esta medida, Bonadío tiene vía libre para pedir al Senado el desafuero de la legisladora con fines de detención.
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Fernández, de 65 años, está protegida por fueros parlamentarios que le otorgan inmunidad de arresto y sólo perdería ese beneficio con dos tercios de los votos de los senadores, algo poco probable porque el peronismo opositor ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena firme.
“¿Dónde se escribirán las sentencias? Todo a pedido y a medida de Macri, Cambiemos, Clarín y sobre todo: el desastre de la economía”, afirmó la exmandataria a través de sus redes sociales en la misma línea discursiva que apunta al gobierno y el principal conglomerado de medios de comunicación de manipular a la justicia en su contra para tapar la crisis económica.
“Partido Judicial a la carta”, agregó.
La defensa de Fernández, quien rechaza los cargos, ha anunciado que su intención es apelar el procesamiento de la exmandataria hasta llegar a la Corte Suprema de ser necesario.
El tribunal confirmó además los procesamientos de casi una decena de exfuncionarios y determinó que también integraron la organización delictiva los empresarios Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, y Gerardo Ferreyra, del grupo Electroingeniería, y el financista Ernesto Clarens.
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Por otro lado, alivió la situación procesal de varios empresarios al considerar que no integraban la organización ilícita y procesarlos solo por sobornos. Fue el caso de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y ex titular de la constructora Iecsa.
En general, la Cámara avaló la actuación de Bonadío, para quien durante los gobiernos de Fernández y de su antecesor y marido Néstor Kirchner (2003-2007) funcionó en Argentina una asociación ilegal mediante la cual los empresarios que pretendían ganar una obra pública entregaban un porcentaje a los funcionarios que los entonces presidentes designaban para recibir esos sobornos. Kirchner falleció en 2010.
Respecto del destino del dinero, el juez considera que presuntamente engrosó el patrimonio personal del matrimonio Kirchner y el de varios funcionarios y que también fue usado para financiar actividades electorales y comprar voluntades en el Poder Judicial.
La investigación se inició luego de que la justicia accedió a copias de cuadernos con anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por un chofer del Ministerio de Planificación Federal quien aparentemente fue testigo de la recolección del dinero ilegal. La justicia también cuenta con declaraciones de empresarios y exfuncionarios arrepentidos que dieron detalles sobre la supuesta operatoria delictiva.
Fernández ha denunciado que Bonadío actúa bajo las órdenes de Macri para perseguirla y que las declaraciones de los arrepentidos fueron logradas bajo coacción.
Bonadío encabezó otras causas que comprometen a la expresidenta, entre ellas una por supuesta defraudación al Estado con la compra de dólares en el mercado a futuro y otra por el supuesto encubrimiento de los responsables del ataque terrorista contra una mutual judía de Buenos Aires en 1994.
En el marco de esa última investigación Bonadío solicitó al Senado el desafuero de la senadora, que aún no ha sido tratado.
Fernández también enfrenta cargos por lavado de dinero y administración fraudulenta.
En febrero de 2019 comenzará un primer juicio en su contra por presuntamente haber adjudicado de forma irregular obras públicas a un grupo empresarial.
Las causas judiciales no amilanan a la exmandataria, quien es la principal figura de la oposición y en las encuestas aparece empatada con Macri de cara a las elecciones de 2019. Aunque no ha declarado si peleará por volver a la presidencia, los allegados de la senadora lo dan por hecho.